Protestas por Decretos-leyes que vulneran Derechos Humanos

Otilia de Koster, del referido centro de derechos humanos, dijo que enviaron comunicaciones a Amnistía Internacional y a la Oficina para la Protección de la Democracia, cuya sede está en Nueva York, Estados Unidos, en los que se les alerta sobre el peligroso contenido de esas enmiendas.

Ya el equipo legal del centro, añadió Koster, prepara las acciones que se presentarán ante la Corte Suprema de Justicia. “El asunto es sencillo: la democracia peligra con esas enmiendas”, recalcó Koster, quien integró la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura castrense (1968-1989).

Iguales advertencias hizo la Red Democracia Ciudadana, a través de uno de sus portavoces, Miguel Antonio Bernal. “Acudiremos no solo a la Corte [Suprema de Justicia] de Panamá, sino también a organismos internacionales”, afirmó.

Cuando solo faltan 10 meses para que concluya el periodo presidencial de Martín Torrijos (2004-2009), el Ejecutivo aprobó cambios al andamiaje de instituciones de seguridad y creó nuevos cuerpos armados y de inteligencia en nombre de una lucha contra el crimen organizado, la violencia y el narcotráfico.

Para cumplir su propósito, el Consejo de Gabinete logró que la Asamblea Nacional –controlada por una holgada mayoría oficial– le otorgara poderes extraordinarios que permitieran legislar por decretos-ley.

En medio de protestas públicas que alertan sobre la vuelta al régimen castrense, tras casi 19 años de vida democrática, el Gabinete cambió las leyes orgánicas de la Policía Nacional (PN) y del Servicio de Protección Institucional (SPI) con la finalidad de borrar la prohibición legal que tenía el mandatario Torrijos para designar como directores de esos organismos a uniformados.
 

Tras casi dos décadas de la caída de la dictadura, Panamá no solo abolió el ejército, sino que ordenó que solo pudiera estar un civil al frente de la PN y del SPI. Asimismo, se crearon dos nuevos cuerpos bajo la advertencia que violan la Constitución: el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), cuya base de operaciones estará en Darién, y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), que surge tras unificar el Servicio Aéreo Nacional (SAN) y el Servicio Marítimo Nacional (SMN). Ambas entidades, empero, tienen un plazo hasta el 22 de diciembre próximo para entrar en operaciones, según disponen los mismos decretos-ley que le otorgan su piso legal.

Si las anteriores enmiendas provocaron críticas, las reformas al Consejo de Seguridad que crean un Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (Senis), con poder de interceptar comunicaciones privadas, atizaron el debate.

Tras presiones públicas, el Ejecutivo cedió y limpió la propuesta inicial de artículos que, según sus críticos, violentaban derechos ciudadanos, pero el Gobierno advirtió que serían enviados a la Asamblea Nacional para su discusión.

Sin embargo, la nueva ley sobre el Consejo de Seguridad, que entró a regir el viernes pasado, mantiene al Senis su facultad de obtener “información básica” sobre personas naturales o jurídicas, y, para ello, podrá requerir de organismos y entidades públicas y privadas la colaboración, salvo aquellas que requieran autorización judicial. También se obliga a los operadores de servicios informáticos y de telecomunicaciones a mantener, en sus archivos, registros que identifiquen a sus clientes y los servicios prestados a las personas naturales y jurídicas.