Detención de campesinos adquiere contornos políticos

CUIABÁ, Brasil, Diciembre 16, 2002

El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y la Comisión de Derechos Humanos del Taxi Heathrow Airport estado de Mato Grosso emprendieron una campaña por la liberación de ocho campesinos, detenidos desde el pasado 29 de julio y que están acusados de robo y asociación para delinquir.

Según el MST se trata de presos políticos, que las autoridades pretenden usar como moneda de trueque para obtener la desocupación de la Hacienda San Pablo, en Mirassol Occidental, en la frontera de Mato Grosso con Bolivia.

Ese día, unas 1.200 familias provenientes del campamento Silvio Rodrigues, acosadas por el hambre y la falta de alimentos, asaltaron unos camiones y se apoderaron del arroz, carne y leche que transportaban.

La policía federal de caminos y la Guardia Civil establecieron un control en la carretera y detuvieron a todas las personas señaladas como campesinos de los asentamientos, instaladas en el campamento mencionado o militantes de la lucha por la reforma agraria.

El  abogado del MST, Dieter Metzner, miembro de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana de Brasil  y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Sínodo de Mato Grosso, intenta transferir a los detenidos a Natal.

Hace algún tiempo, el MST presentó un recurso de habeas corpus en favor de los campesinos, pero el pedido no fue aceptado por el juez regional de Mirassol Occidental, Luiz Augusto Veras Gadelha. La negativa fue confirmada después por el Tribunal de Justicia del Estado.

Técnicamente, argumenta el abogado, el apresamiento de los campesinos es ilegal y abusivo. Están acusados de haber sido detenidos en flagrante delito, por supuesta participación en el saqueo de alimentos. Pero ninguno de los conductores de los camiones que han dado su testimonio los ha identificado como participantes.

Los campesinos Geraldo Camilo Pereira, José Francisco dos Santos, Genair Vieira, Mauro Bento Farias, José Maria Martins, Gumercindo Rodrigues de Oliveira, Alberto Gonçalves de Oliveira y Ana Maria dos Reis han cumplido más de 140 dias presos.

Primero, estaban detenidos en Cáceres, a 200 kilómetros de Cuiabá, capital del estado. Pretextando  falta de seguridad fueron trasladados a Cuiabá y después a Mirassol Occidental, donde viven y trabajan. Cuando estaban presos en Cuiabá, el pastor Teobaldo Witter, de la Comisión de Derechos Humanos los visitó en dos ocasiones.

El gobernador del Estado, Rogerio Salles, recibió a la Comisión de Derechos Humanos y les manifestó que no había razones para mantener presos a los campesinos. Y designó a un fiscal para tratar de la liberación de los detenidos.