Informe de DDHH detalla la vulnerabilidad de mujeres y niñas

BOGOTÁ, Colombia, Enero 28, 2008

En el 2007, el Proyecto en Colombia de los Equipos Cristianos de Acción por la Taxi Heathrow Airport Paz -ECAP- (Christian Peacemaker Teams, CPT), con base en Barrancabermeja (Santander), ciudad principal de la región del Magdalena Medio, continuó su presencia permanente en la Ciénaga del Opón, con las comunidades desplazadas que retornaron a sus hogares en el 2001.

A través de su participación en comisiones de verificación, ECAP ayudó a documentar infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones de los derechos humanos en comunidades rurales del Magdalena Medio. Este trabajo se hizo junto a organizaciones regionales de derechos humanos, abogados, funcionarios de varias agencias de las Naciones Unidas y representantes del gobierno local, departamental y nacional. Adicionalmente, en respuesta a varias invitaciones del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte -CAMAWARI-, dos equipos móviles de ECAP acompañaron al pueblo indígena Awá del municipio de Ricaurte, departamento de Nariño.

En la región del Magdalena Medio, ECAP presenció infracciones al Principio de Distinción por parte de todos los actores armados. El Principio de Distinción es fundamental dentro del Derecho Internacional Humanitario y se refiere al respeto que los actores armados deben tener frente a la población que no ha participado en hostilidades y las medidas que deben tomar para asegurar que esta población no sea afectada por los combates o acciones propias de la guerra.

Concluido el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares que operaban en la región, persistieron las amenazas y los daños de parte de paramilitares desmovilizados y activos contra la población civil, dice el Informe.

Según el trabajo de ECAP, la población con más riesgo debido al conflicto armado en Colombia está mayoritariamente compuesta por afrodescendientes, indígenas, mujeres y niños. Los abusos citados en el informe demuestran este patrón en el Magdalena Medio, donde los afrodescendientes colombianos son aproximadamente el 75% de la población. En Ricaurte, la población indígena constituye el 80% de la población total y habita principalmente las áreas rurales, donde ocurrieron la mayoría de las violaciones a los DDHH e infracciones al DIH relatadas en este informe.

Tanto en Nariño como en el Magdalena Medio, la violencia física y sexual contra la población femenina e infantil es recurrente. La violencia ejercida contra las mujeres, la niñez, la población indígena y afrodescendientes colombianos no tiene reconocimiento ni seguimiento dentro de los procesos formales de documentación de la violencia que sufre la población civil como consecuencia del conflicto armado. Generalmente, esta violencia es invisibilizada por la violencia generalizada del conflicto armado, afirma ECAP.