Jerarquía católica española arremete contra el gobierno socialista

Manuel Quintero, GINEBRA, Suiza, Enero 7, 2008

En el evento convocado por la arquidiócesis de Madrid, que congregó a 160.000 personas según Taxi Heathrow Airport medios españoles y dos millones según la agencia vaticana Zenit, el cardenal y arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, dijo que las políticas sociales del gobierno socialista en favor de los homosexuales o los trámites de divorcio, suponen “una marcha atrás en los derechos humanos”.

“Se relativiza radicalmente la idea del matrimonio y la familia”, fomentando “desde las edades más tempranas prácticas y estilos de vida” que son “opuestos al valor del amor indisoluble entre un hombre y una mujer”, declaró el arzobispo.

En su opinión, ello refleja que en España “el ordenamiento jurídico ha dado marcha atrás respecto a lo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, que reconoce y establece “que la familia es el núcleo natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a ser protegida por la sociedad y el Estado”.

Por su parte, el cardenal Agustín García Gasco, arzobispo de Valencia, denunció a los poderes públicos que socavan y denigran a la familia en lugar de protegerla, definiendo el laicismo como un fraude que conduce a la desesperación como se ve con el aborto, la ley del divorcio express o la educación en ideologías que van en contra de la Constitución.

Las acusaciones de los prelados católicos provocaron la inmediata reacción del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, quien declaró este lunes que “sólo quienes deliberadamente ignoran o no respetan los principios de libertad se apartan de los fundamentos esenciales de la democracia”.

En sus declaraciones Blanco lamentó que la Iglesia lleve a cabo un “debate sobre política” en España que “falsea realidades y datos”, y recordó que la Ley del Aborto es la misma que cuando gobernaba el Partido Popular.

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, afirmó que “de la mano de su jerarquía eclesiástica y de la derecha más reaccionaria, el nacionalcatolicismo ha entrado en campaña electoral”, en apoyo de las tesis del Partido Popular. 

A su vez, un comunicado oficial del PSOE afirmó que no se dará “ningún paso atrás” en la puesta en marcha de estas medidas sociales, guiadas, según argumenta, por “convicciones democráticas” y la “defensa” de las libertades de los individuos.

Los ataques de la jerarquía católica contrastan vivamente con la política de diálogo y concesiones protagonizada por el actual gobierno socialista.  Según una nota de El País, en 2008 cada español —sea católico, protestante, musulmán, budista o ateo— pagará 3,5 euros para el sostenimiento del clero y culto católicos, lo que representa un 34% más que hasta ahora.

Este nuevo sistema fue pactado entre el gobierno del PSOE y los obispos en 2006 y tiene carácter de ‘estable’, refrendado con un intercambio de notas entre el nuncio del Papa y el ministro de Asuntos Exteriores español.

Pero también con el afán de contentar a la Iglesia Católica, el gobierno renunció a legalizar la eutanasia, cedió ante la petición de los colegios religiosos para adaptar la nueva asignatura ‘educación para la ciudadanía’ según su ideario, y pospuso la discusión sobre los acuerdos bilaterales que rigen las relaciones con el Vaticano desde 1979.

Las concesiones socialistas hicieron bueno el dicho del desaparecido cardenal Vicente Enrique y Tarancón: “Con Gobiernos menos católicos, la Iglesia vive mejor”.  Pero también el irónico comentario de Gaspar Llamazares, secretario general de Izquierda Unida: “Cría obispos y te sacarán los ojos”.