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Lunes 7 de Enero, 2008

Otra condena al Estado salvadoreño en la Corte Interamericana

Carlos León, SAN SALVADOR, El Salvador, Diciembre 27, 2007

El 10 de junio de ese año un grupo armado irregular, vinculado a los organismos Taxi Heathrow Airport de seguridad del Estado, le quitó la vida a este joven empresario. Por el homicidio se condenó a Julio Ismael Ortíz Díaz y a José Raúl Argueta Rivas, pero no se investigó quién había ordenado el crimen ni las amenazas y hostigamientos de que fueron víctimas sus padres. Por esa razón, se llegó a instancias internacionales.
 
Este caso es emblemático porque demuestra que los escuadrones de la muerte siguieron funcionando en El Salvador después de la firma de los acuerdos que dieron fin a la guerra interna, en 1992.
 
La Corte IDH le ordenó al Estado "concluir las investigaciones pendientes respecto al homicidio de Ramón Mauricio García Prieto y las amenazas y hostigamientos, en un plazo razonable (...)", que se publique la sentencia en el Diario Oficial y otro de amplia circulación nacional, brindar asistencia sicológica a los padres de la víctima, indemnizarlos por el daño inmaterial y asumir las costas y gastos generados en el proceso interno como en el internacional.
 
La condena internacional se suma a la dictada por la misma entidad de la Organización de Estados Americanos hace dos años por no haber investigado la desaparición de las hermanas Serrano Cruz durante la guerra civil. Este caso continúa bajo la supervisión de la Corte IDH porque la resolución no se ha cumplido totalmente.
 
En sus primeras declaraciones respecto a este caso, la representación estatal mostró su inconformidad y anunció que pedirán un "recurso de explicación" de esta sentencia que no admite apelaciones. Mientras que los padres de Ramón Mauricio manifestaron su complacencia con el resultado del juicio "ninguna madre va a sentirse satisfecha de que le maten a un hijo, pero nos da tranquilidad, porque sentimos que cumplimos con nuestro deber de buscar que se haga justicia”, manifestó Gloria Giralt de García Prieto, madre de la víctima.