Colombia es el país latinoamericano más peligroso para los periodistas

Edelberto Behs, BOGOTÁ, Colombia, Mayo 8, 2002

Colombia es el país latinoamericano donde el ejercicio de la libertad de expresión resulta más difícil, señala un informe de la organización no gubernamental Periodistas Contra la Corrupción.

El año 2001, esa organización identificó 114 represalias contra la prensa motivadas por investigaciones o reportajes sobre corrupción. En los primeros cuatro meses del presente año, se han registrado ya 57 casos. El año pasado, siete periodistas fueron asesinados por ese motivo y en 2002 dos profesionales perdieron la vida por esa causa.

El informe anota que se ha producido un retroceso de la libertad de prensa con relación al 2000. Colombia es el país más peligroso para el ejercicio del periodismo.

Diariamente, los periodistas colombianos son amenazados por parte de la guerrilla, de los paramilitares y de los narcotraficantes, que, junto a sus cómplices en el gobierno, consideran a la prensa independiente un obstáculo para sus fines ilegítimos, dice el informe.

Panamá registra el mayor índice de procesos contra la prensa.  90 periodistas están sometidos a procesos judiciales,  acusados de delitos contra la honra. Muchos han sido enjuiciados por  funcionarios del gobierno por escribir artículos contra la corrupción.

Además, el Parlamento panameño tiene en trámite un proyecto que reglamenta el ejercicio del periodismo, conocido como "Ley 114", que exige estudios universitarios a los periodistas, lo que la entidad autora del informe considera como una restricción al ejercicio de la profesión.

También en Venezuela se produjeron acciones restrictivas del ejercicio profesional el 2001, en el marco de la confrontación política entre el gobierno del presidente Hugo Chávez y los dueños de los principales medios de comunicación. En abril último, esos empresarios llegaron a apoyar el frustrado golpe de estado contra Chávez.

La província argentina de Mendoza, aprobó un código de ética periodística elaborado por el estado que establece que el periodista está obligado a revelar sus fuentes por mandato judicial.

Lo mismo puede suceder en Bolivia si se aprueban los artículos 20 y 25 del anteproyecto de ley de Reformas a la Constitución Política del Estado.

En Honduras, el Congreso estudia un nuevo Código Penal, cuyo artículo 161 establece que un periodista no podrá informar sobre un hecho denunciado por una persona si los tribunales no conocen el caso y no se hubieran pronunciado sobre el mismo.