Programa de anticoncepción municipal es calificado de "discriminatorio"
PORTO ALEGRE, Brasil, Enero 15, 2007
Asociación de la SMS con la organización no-gubernamental Instituto Mujer Consciente (IMC), a través de Taxi Heathrow Airport la iniciativa "Adolescencia: un proyecto de vida", prevé la oferta de anticonceptivos subdérmicos de progestágeno a 2,5 mil jóvenes, entre 15 y 18 años, "en situación de vulnerabilidad social" residentes en la periferia de la capital gaúcha.
El anticonceptivo subdérmico tiene una duración media de tres años. Organismos de defensa de los derechos de las mujeres consideran esa práctica violatoria de los derechos reproductivos.
La presidenta del Consejo Estatal de los Derechos de la Mujer, Eunice Flores, acredita que la utilización del implante puede aumentar el número de relaciones sexuales sin el uso de preservativo, lo que aumentaría el número de casos de dolencias sexualmente transmitidas y el VIH-Sida. "La medida interfiere en la autonomía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que son derechos humanos", argumenta.
En evaluación de la médica Fátima Oliveira, del Consejo Consultivo de la Red de Salud de las Mujeres Latino-Americanas y del Caribe (RSMLAC), es inadmisible que un determinado tipo de anticonceptivo sea aplicado en gran escala "teniendo como único criterio la condición socio económica, que coincide con el perfil racial/étnico que prevalece en esta población, que es afro-descendiente".
En otra denuncia firmada por la Red Nacional Feminista de Salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos del Río Grande del Sur, junto a otras organizaciones de mujeres, el proceso de implante del anticonceptivo subdérmico es comparado a la política de esterilización en masa por medio de ligadura de trompas realizada en los años 70 y 80 del siglo pasado en el Brasil.
La Red recuerda las directivas firmadas por la Constitución de 1988, cuando el planeamiento familiar fue instituido como un derecho a ser asegurado por el Estado. También enfatiza que el Río Grande del Sur presenta uno de los menores índices de natalidad del país, sumado a elevados índices de desarrollo humano, "pero profundas desigualdades sociales que penalizan mujeres y jóvenes".
La Red Nacional Feminista expresó indignación ante la alianza firmada entre la Prefectura de Puerto Alegre y el Instituto Mujer Consciente (IMC) para la elaboración de un proyecto "nítidamente discriminatorio", por adoptar el criterio de renta como eje de participación.
El área técnica de Salud de la Mujer, del Ministerio de Salud, emitió una nota anunciando que la iniciativa de SMS de Porto Alegre no sigue los principios de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Señala que no se debe promover la masificación de un determinado método, y que tal opción debe ser personal, teniendo en cuenta las características individuales, las condiciones de vida y de salud de las personas.
El secretario municipal de Salud, Pedro Gus, justificó el proyecto destacando que su preocupación central es el de orientar a la población sobre los riesgos de un embarazo precoz. Él afirmó que el implante del anticonceptivo pretende evitar casos de adolescentes que "pasan gran parte de la vida en gestación" y afirmó que el proyecto prevé políticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Portada
Inicio