Despenalización del aborto: posturas y realidades

Claudia Florentín, BUENOS AIRES, Argentina, Setiembre 28, 2006

En el año 1990, el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe acordó declarar el día 28 de septiembre como el Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe. Desde aquel año, movimientos de mujeres de toda Latinoamérica se auto convocan cada 28 de septiembre para reclamar una legislación que regule una práctica que ya es imposible ocultar. 

Cientos de organizaciones de mujeres y redes  regionales en 16 países de América Latina y el Caribe están sumando esfuerzo para esta campaña que se propone hacer que se cumplan las leyes que permiten el aborto y para generar avances en la salud y la calidad de vida de las mujeres.

En varios países latinoamericanos la despenalización del aborto es tema de debate, en otros, una situación  inabordable. La legislación de los países de la región en la mayoría de los casos penaliza todo tipo de aborto, con las excepciones de algunos Códigos Penales que los autorizan en caso de riesgo de muerte para la madre, violaciones o embarazos con patologías severas y sin posibilidades de sobrevida.

En Argentina

El 40 por ciento de los embarazos termina en Argentina en abortos ilegales. En base a entrevistas y una investigación de campo en Buenos Aires, Tucumán y Santa Fé, Human Rights Watch, una organización que trabaja por los derechos humanos, elaboró en el 2005 un informe sobre el “Acceso de las mujeres a los anticonceptivos y al aborto en la Argentina”.

El informe comienza consensuando la dificultad del abordaje del tema: “Las decisiones sobre anticoncepción y aborto son difíciles, sumamente personales y a veces dolorosas. En Argentina, a las mujeres se les impide sistemáticamente tomar tales decisiones. A pesar de los notables avances recientes en el área de la participación política e independencia económica de la mujer, médicos y cónyuges siguen manteniendo control sobre la salud reproductiva de las mujeres a través de leyes y prácticas que someten el proceso de toma de decisiones de la mujer a interferencia arbitraria externa”, analiza..

Históricamente, varios gobiernos argentinos han legislado en materia de anticoncepción y aborto “como si las mujeres fueran instrumentos reproductivos y no seres humanos en igualdad de condiciones, contribuyendo de este modo a una arraigada sensación entre proveedores de salud y políticos de que el control de la natalidad y la salud reproductiva de alguna manera son conceptos ilegítimos, amorales, e inclusive ilegales. Las consecuencias para la salud y vidas de las mujeres son nefastas, y, en ocasiones, mortales”, afirman las investigadoras.

El aborto no puede ser mirado de la misma manera para todos los sectores de la sociedad, ya que, como sucede en otros temas de salud, su cara más terrible se muestra a los sectores más desposeídos. Human Rights constata que “ como ocurre con el acceso a los anticonceptivos, la calidad y por lo tanto las consecuencias para la salud de los abortos ilegales dependen de la condición económica de la mujer".

Esta situación no es exclusiva de Argentina. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que, en especial, las mujeres pobres y las que viven en lugares aislados corren un muy alto riesgo de pasar por abortos practicados por personas no calificadas si los servicios de aborto están legalmente restringidos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha expresado su preocupación con respecto a esta situación en Argentina, indicando su “inquietud ante los aspectos discriminatorios de las leyes y políticas vigentes, que da como resultado que un recurso desproporcionado de las mujeres pobres y de las que habitan en zonas rurales a un aborto ilegal y arriesgado”.

El derecho a la vida está garantizado por todos los principales tratados internacionales y regionales de derechos humanos. “Las leyes que restringen el aborto tienen un efecto devastador sobre el derecho a la vida de las mujeres”, puntualizan. Aproximadamente el 30 por ciento de las muertes maternas en Argentina—y 13 por ciento en el mundo entero—son atribuibles a abortos inseguros, según datos de la organización investigadora.

La voz de las iglesias

Mientras tanto, entre las iglesias cristianas argentinas no hay acuerdo respecto al tema, así como no lo hay cuando se debate sobre salud reproductiva o educación sexual.

Algunas comunidades se expresan abiertamente contra la posibilidad de despenalización del aborto, en tanto otras piden que el debate salga de la dualidad vida o muerte y se haga extensivo a la realidad social del país, generador de altos índices de embarazos no deseados, muertes y violencias  hacia las mujeres.

“En un país con un índice tan alarmantemente alto de embarazo adolescente algo no anda bien; en una sociedad donde la primera causa de muerte de la mujer es el aborto por mala praxis, algo anda mal”, afirmaba el pastor Juan Abelardo Schvindt, secretario general de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, consultado sobre el tema al plantearse el debate sobre el aborto en el caso de dos menores discapacitadas violadas y embarazadas por sus agresores.

“Para que podamos responder adecuadamente al debate instalado, debemos abrir una discusión sin tutelajes ni precondiciones. No se trata, por ello, como alguien perversamente ha opinado, de que quienes así piensan son “abortistas”. Se trata de alcanzar un marco legal a fin de que la condenación al aborto no criminalice nunca más la pobreza”, opinaba Schvindt.

La Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, que cumplió un activo rol en el debate sobre la despenalizacion del aborto y la ley de salud reproductiva en el Uruguay, afirmaba en ese momento: “El hijo no deseado, no previsto en el contexto del amor mutuo, no sólo puede ser un atentado a la propia libertad, fruto de violencias impredecibles, sino también un acto irresponsable contaminado de inhumanidad. Rechazamos darle a este tema una justificación moral o religiosa abstracta sólo para tener la conciencia tranquila. En particular la decisión de interrumpir una gestación para nosotros es siempre y de cualquier manera una decisión dolorosa, que no puede y no debe ser agravada por juicios de culpa pronunciados desde fuera, sino que debe ser comprendida, sufrida y compartida en el ámbito del amor y de la solidaridad. Los valdenses no somos pro-aborto, algo que hacemos todo lo posible por evitar, pero tampoco favorecemos el embarazo no deseado, que genera errores y horrores.”

En el otro lado de las posibilidades de disenso del mundo evangélico, las Iglesias nucleadas en la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), ha hecho conocer su opinión en numerosos encuentros parlamentarios y medios de comunicación. Con la firma del Dr. Ricardo Bedrossian, un largo documento con numerosas citas bíblicas, aclara los porqué de la postura en contra de la despenalización del aborto.

“Todo ser humano tiene vida desde el mismo momento de la fecundación. El óvulo fecundado ya tiene el genoma completo de un nuevo ser,  por lo que ya es vida humana, y debe ser considerado como persona desde ese mismo momento”- afirman- por lo tanto “El aborto practicado en todas sus formas (quirúrgico y/o químico) es un pecado contrario a la ley natural, y fundamentalmente a la ley de Dios.  El aborto es un crimen infame porque se está practicando sobre una persona completamente indefensa y sin posibilidad de oposición alguna. El aborto debe ser penalizado por el Estado, que tiene a su cargo el deber de velar por la vida y seguridad de las personas. Todo proyecto de despenalización de este delito, debe ser rechazado terminantemente por ser contrario a la vida y los principios bíblicos”.

Por su parte, la mayoritaria Iglesia Católica en Argentina, alberga en su seno desde la postura militante por la despenalización del aborto de las Católicas por el Derecho a Decidir hasta las organizaciones denominadas “pro.vida” que, apoyadas en la influencia católica en algún gobierno de turno, hasta lograron establecer un día nacional del Niño por nacer.

Católicas por el derecho a decidir milita en campañas y manifestaciones a favor de una ley que permita la libre decisión de las mujeres, afirmando que la realidad ha constatado que las leyes restrictivas no previenen, ni evitan el aborto. Precisamente son éstas las que lo vuelven clandestino e inseguro. 

Con una fuerte crítica a la postura oficial del catolicismo romano, declaran que la Iglesia Católica “pese a la diversidad de posiciones que hay sobre el aborto en su interior, persiste en aferrarse a una visión que invisibiliza e ignora la propia realidad de las mujeres católicas que han recurrido a los propios recursos que ofrece el catolicismo como la Doctrina del Probabilismo en cuya base se encuentra el derecho a decidir que postulamos como católicas feministas. Por otro lado, y algo que los jerarcas católicos no dicen, es que la infalibilidad papal se aplica a muy pocas declaraciones papales y la enseñanza sobre el aborto no está incluida como una enseñanza infalible. La iglesia Católica también olvida que enseña oficialmente que la conciencia del individuo es suprema y está por encima de todo”.

Más que oída es la postura de la Conferencia Episcopal en la sociedad argentina, ya que en agosto de este año un documento emitido por la Conferencia equiparaba el aborto “con cometer el homicidio de un niño que camina por la calle”. El Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, no desaprovechó este año ninguna oportunidad para resaltar la importancia de la vida aún en circunstancias tan penosas como las de una violación.

En tanto, uno de los obispos más reconocidos y consultados del país, Miguel Hesayne, obispo emérito de Viedma (en la Patagonia argentina) en su homilía del 13 de agosto de este año, afirmó: “Legalizar el aborto es legalizar matar la vida del feto-vida humana- para salvar la vida de la madre. Es legalizar un crimen. Es un volver al principio del Fin Justifica los Medios que nos llevó al Terrorismo de Estado”.

Para finalizar

Se estima que 800 mil mujeres abortan por año en la Argentina. Un número tan significativo de mujeres está diciendo que hay una realidad que no puede ser negada, a menos que haya sectores que crean que una mujer aborta porque le genera placer.

Evidentemente, cualquiera sea la postura invocada, es hora de que haya políticas públicas de un estado laico, que garanticen la educación sexual, ya que solo la educación hace seres humanos libres y responsables ante sus decisiones.

Guste o no, en el ámbito del matrimonio o en cualquier otro estado, las mujeres necesitan un sistema seguro que les permita decidir cuando y cuantos hijos quieren tener, así como si quieren ser o no madres.

Penalizar el aborto castigando a la madre, es olvidar que la sexualidad y la concepción son actos compartidos, aunque la sociedad esté acostumbrada por siglos de machismo a que la culpa y el castigo sean puestos solo sobre las mujeres.

Sólo cuando hay opciones las decisiones se puedan tomar en libertad; si no las hay, la voluntad es coartada y solo queda espacio para lo asumido con dolor o para lo clandestino.

Fuentes: Human Rights Watch, Agencias y páginas oficiales de las instituciones citadas