Declaraciones del CMI sobre Colombia, Irak, Asia Meridional

Consejo Mundial de Iglesias
COMITÉ CENTRAL
Ginebra, Suiza
26 de agosto - 3 de septiembre de 2002 Documento No .PUB 5

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Segundo informe del comité de cuestiones de actualidad

El Comité de Cuestiones de Actualidad ha considerado las cuestiones que le ha presentado el Comité Central y propone la adopción de las siguientes declaraciones:

1. PROYECTO DE DECLARACIÓN SOBRE ASIA MERIDIONAL

La situación en la región de Asia Meridional plantea una grave amenaza para la paz mundial. Dos potencias nucleares, India y Pakistán, se mantienen en un estado de perpetua y creciente confrontación militar. La región ha sido escenario de violencia y conflictos interestatales e intraestatales durante los últimos cincuenta años. Está habitada por más de mil millones de personas y ofrece el contraste entre dos mundos diferentes: el de la minoría rica y el de la mayoría pobre, desfavorecida y socialmente marginada. Sus sociedades se ven desgarradas por el nacionalismo, el etnocentrismo y el extremismo religioso.

Hay tres países más pequeños, Nepal, Sri Lanka y Bangladesh, que también están en crisis. Nepal, el único reino hindú del mundo, se encuentra ante una creciente insurrección "maoísta" que ha tenido por consecuencia una enorme pérdida de vidas, de prosperidad y de seguridad para su población. El conflicto étnico en Sri Lanka se ha cobrado un pesado tributo de vidas humanas y ha paralizado prácticamente la economía del país. La firma en febrero de 2002 del acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación de del Eelam Tamil (LTTE), aporta una señal de esperanza. Sin embargo, Bangladesh, desde su separación de Pakistán en 1971, sigue siendo incapaz de superar el carácter conflictivo de su política. Políticos oportunistas y repetidas intervenciones militares han llevado al país al borde de la ruina. Su economía permanece estancada y enteramente dependiente de asistencia externa.

Las sociedades de Asia meridional están minadas por la corrupción endémica y por políticas de confrontación que a menudo conducen a graves violaciones de los derechos humanos de los partidos políticos de oposición. En un ambiente creciente de intolerancia, las minorías religiosas y la libertad de culto son objeto de ataques, no sólo por parte de las autoridades sino también, en varios casos, por parte de las comunidades mayoritarias.

Las iglesias y los cristianos son en toda la región una pequeña minoría. El clima creciente de intolerancia religiosa y nacionalismo amenaza gravemente sus derechos, y los de otras minorías religiosas, de manifestar su fe en cultos y prácticas públicos. A menudo se presiona a los cristianos para que sean testigos silenciosos y sufrientes de la esperanza en tiempos turbulentos. En tiempos críticos como éstos, la participación de los cristianos en la vida y las actividades de la comunidad se basa en su comprensión de la fuerza del Evangelio y su fidelidad a él. En medio de rupturas, violencia y conflictos, los cristianos y las iglesias están llamados a ser mensajeros de paz y a promover la curación y la reconciliación.

1. Religión, política e intolerancia

1.1 En la región de Asia meridional están presentes las grandes religiones del mundo : islam, hinduismo, budismo y cristianismo. Durante siglos los fieles de estas religiones han vivido en paz y armonía. La situación parece cambiar ahora. En el último decenio la religión se ha convertido en un factor importante y a veces dominante en los conflictos intraestatales. Ha sido manipulada para promover estrechos intereses y objetivos políticos o nacionalistas. La intolerancia religiosa ha crecido en casi todas partes, y las sociedades de Asia meridional no son una excepción.

1.2 En la India, la aparición del Partido Bhartiya Janata (BJP) como fuerza principal en el escenario político ha socavado gravemente la base secular del país. En los últimos años, cristianos y musulmanes han sido víctimas de atentados y se han quemado sus templos. También han aumentado los ataques a la comunidad Dalit. Pese a todas las garantías constitucionales, los dalit siguen sufriendo humillaciones y discriminaciones no sólo por parte de las autoridades sino también por parte de la mayoría de la población. En Pakistán, el clima de intolerancia religiosa alimentado durante los 11 años de gobierno militar del general Zia ha creado una situación de inseguridad para las vidas y los bienes de las minorías cristianas. Muchas familias han sufrido por el uso indiscriminado de las leyes contra la blasfemia, aplicadas a cristianos inocentes. Aldeas e iglesias cristianas han sido objeto de ataques por instigación de grupos extremistas islámicos. La situación ha empeorado a consecuencia de la guerra emprendida por los Estados Unidos en Afganistán. En Sri Lanka y Bangladesh, grupos budistas e islámicos se han servido a menudo de la religión con fines políticos para incitar al odio y a la violencia contra minorías religiosas.

1.3 La creciente intolerancia religiosa en toda el Asia meridional ha producido muchas víctimas. Ha resquebrajado la base multicultural, multirreligiosa y pluralista de las sociedades de la región. La intolerancia ha impulsado una nueva ola de ideologías que distorsiona la historia y trata de reescribirla y que incita a la violencia comunal, levantando muros de separación y odio entre comunidades y pueblos.

El Comité Central insta a las iglesias, especialmente las de la región, a que:

· tomen conciencia del avance del extremismo religioso que afecta negativamente a la mayoría de las religiones: islam, hinduismo, cristianismo y budismo. Esta influencia negativa de la religión procede muchas veces de grupos que actúan por ignorancia y oscurantismo para imponer a la sociedad sus ideas religiosas particulares;

· alienten y apoyen proyectos de educación cívica que promuevan la comprensión, la tolerancia, la paz y la armonía entre comunidades en los planos local, nacional y regional;

· dialoguen sobre derechos humanos con personas de otras religiones y convicciones para construir una cultura de paz y tratar de cuestiones como los derechos de las minorías y la intolerancia;

· presten atención a la difícil situación de los dalit a consecuencia de las prácticas y políticas discriminatorias del Gobierno de la India y promuevan la observancia de las garantías constitucionales mediante recursos legales, concientización y defensa de sus intereses a nivel nacional e internacional;

· movilicen apoyos nacionales e internacionales para la derogación de las Leyes contra la Blasfemia en Pakistán.

2. El enfrentamiento entre India y Pakistán y la disputa sobre Cachemira

Los acontecimientos tras el 11 de septiembre han puesto de nuevo a Pakistán e India al borde de una guerra abierta. La guerra en Afganistán y la presencia de los Estados Unidos en la región han añadido una nueva dimensión a una situación ya tensa en el sub-continente. El estamento militar en Pakistán está siendo recompensado por su apoyo a la coalición internacional dirigida por los Estados Unidos contra el terrorismo. Pero aunque el régimen militar participa activamente en la guerra contra los talibanes y las redes de Al-Qaida en Afganistán, muestra tibieza en su decisión de desarticular los grupos de militantes islámicos de su país que participan en acciones violentas en Cachemira.

2.1 La disputa de Cachemira sigue siendo una espina en el costado de India y Pakistán. Desde la partición del subcontinente en 1947, los dos vecinos han luchado en tres importantes guerras. El actual despliegue de millones de tropas en las fronteras podría llevar a hostilidades abiertas, con perspectivas de una guerra nuclear que ninguno de los bandos podría soportar.

2.2 Pese a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los años cuarenta y cincuenta y al Acuerdo de Simla de 1972, se ha llegado actualmente a una vía muerta con pocas perspectivas de que las partes vuelvan a la mesa de negociación para buscar un arreglo amistoso mediante el diálogo. La situación en Cachemira se agravó a finales de los años ochenta, cuando India, en lugar de escuchar y responder a las quejas de la población de Cachemira, envió al valle fuerzas militares para reprimir un levantamiento popular. Desde entonces ha continuado el deterioro de la situación, sin señales de vuelta a la normalidad. Las incursiones de militantes islámicos, patrocinadas por Pakistán, en apoyo del pueblo de Cachemira han agravado todavía más la situación.

2.3 Las poblaciones de India y de Pakistán han pagado un alto precio por este perpetuo estado de confrontación militar entre ambos países, que ha llevado a un aumento constante de los gastos de defensa. Ese aumento se ha realizado a expensas de los gastos de salud, alimentación, educación, vivienda y otros proyectos en los sectores de desarrollo humano, lo que agrava aún más los sufrimientos del pueblo.

El Comité Central

afirma que la disputa de Cachemira ha de resolverse de conformidad con los deseos del pueblo de Jammu y Cachemira. Tal solución ha de basarse en los principios enunciados en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de los años cuarenta y cincuenta, y en el espíritu del Acuerdo de Simla de 1972;

reitera que no hay una solución militar para la disputa de Cachemira y que ambas partes deben volver sin demora a la mesa de negociación;

hace un llamamiento a los Gobiernos de India y Pakistán para que adopten medidas inmediatas con objeto de restablecer y normalizar las relaciones promoviendo la confianza y preparando el camino para un diálogo político;

pide al Gobierno de India que permita un mayor acceso al Valle de Cachemira de las organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos humanos, y al Gobierno de Pakistán que se abstenga de apoyar a los grupos militantes islámicos implicados en el terrorismo transfronterizo;

alienta a las iglesias miembros del CMI a que se solidaricen con las iglesias de India y de Pakistán y a que las ayuden en su ministerio de curación y de reconciliación en la región;

insta a las iglesias de India y de Pakistán a que adopten las siguientes medidas para facilitar el proceso de arreglo amistoso del conflicto de Cachemira:

· concientizar a las iglesias de ambos países respecto a la urgencia de resolver el conflicto de Cachemira;
· alentar y apoyar las relaciones entre los pueblos de India y Pakistán con miras a una mejor comprensión, y a la promoción de la paz y la reconciliación en la región;
· organizar vigilias de oración, si es posible sobre una base interreligiosa, para promover la paz y la reconciliación entre ambos países.

3. La amenaza nuclear

Los ensayos nucleares de mayo de 1998 en India y Pakistán sorprendieron desprevenida a la comunidad internacional. Las tensiones entre ambos países aumentaron, abriendo la perspectiva de una acelerada carrera armamentista en la región. Los ensayos fueron condenados en todo el mundo y, el 6 de junio de 1998, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1172 en la que instaba a ambos países a que se abstuvieran de nuevos ensayos nucleares. La Resolución contenía una serie de directrices para instar a los dos países a que se unan a los muchos que ya han adoptado el régimen de no proliferación. La comunidad ecuménica está convencida de que es peligroso confiar en que las armas nucleares no se utilizarán en Asia meridional. El episodio de Kargil de 1999 y el ataque del 13 de diciembre de 2001 al Parlamento indio son pruebas de la escasa conciencia que aún se tiene del cambio de situación que se ha producido en el subcontinente a raíz del ensayo nuclear de mayo de 1998.

El Comité Central insta a los Gobiernos de India y Pakistán a que:

· desmantelen sus armas nucleares y se adhieran al Tratado sobre la no Proliferación de las Armas Nucleares y al Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares;

· sometan todos sus programas nucleares civiles a acuerdos de seguridad internacionalmente reconocidos; y

· cooperen con otros estados de la región para establecer una región libre de armas nucleares en Asia meridional.

pide a ambos gobiernos que mientras tanto apliquen inmediatamente medidas para reducir el riesgo de ataques nucleares deliberados o involuntarios, y a este fin:

· suscriban conjuntamente una política de no primer uso y formalicen este compromiso mediante un acuerdo bilateral;

· se abstengan de equipar con armas a los vectores;

· aseguren el control efectivo del poder político civil central sobre las políticas y las instalaciones nucleares; y

· amplíen y refuercen el actual acuerdo que prohíbe los ataques a las instalaciones nucleares de cada uno.

pide además a los Gobiernos de India y de Pakistán que:

· suspendan toda nueva investigación, desarrollo y producción de armas nucleares o componentes de las mismas; y

· suspendan la producción de materiales fisionables y apoyen las negociaciones internacionales para una prohibición mundial de la producción de materiales fisionables.

pide a los demás gobiernos que:

· pongan fin inmediatamente a todo apoyo material y político a India y a Pakistán para el desarrollo y la producción de armas nucleares y/o sus vectores.

pide a sus iglesias miembros en Asia meridional que:

· insten a sus respectivos gobiernos a que trabajen en favor de una zona libre de armas nucleares en Asia meridional; y

· emprendan programas de sensibilización pública en apoyo de la supresión de las armas nucleares en Asia meridional y en el mundo entero.

pide a las iglesias de otras partes del mundo que:

· apoyen a las iglesias y los organismos ecuménicos de Asia meridional en sus esfuerzos para promover una zona libre de armas nucleares en la región; y

· pidan a sus propios gobiernos que retiren todo apoyo relacionado con la investigación, la producción y el despliegue de armas nucleares por India y Pakistán y promuevan el objetivo de una zona libre de armas nucleares en Asia meridional.

4. El conflicto étnico en Sri Lanka

El conflicto en Sri Lanka, desde que se agravó en 1983, ha cobrado más de sesenta mil vidas en ambos bandos. La guerra ha dejado en ruinas la economía del país. Durante más de veinte años se han impuesto leyes draconianas a la población, principalmente a los tamiles. Tortura, detención sin juicio, ejecuciones extrajudiciales y recorte de la libertad de prensa son prácticas comunes de las autoridades. Los LTTE han impuesto condiciones estrictas en las zonas que controlan, donde son prácticas comunes la extorsión, las ejecuciones sumarias y el reclutamiento forzoso, en particular de niños, para la guerra.

La escalada bélica en los decenios de los ochenta y los noventa produjo un éxodo masivo de refugiados tamiles a India, Europa occidental, América del Norte y Australia; además, gran número de personas del norte y el este pasaron a ser personas desplazadas en su propio país. Se han hecho, sin gran éxito, varios intentos de mediación para conseguir un acuerdo de paz entre el Gobierno de Sri Lanka y los LTTE. No obstante, la situación cambió inesperadamente en febrero de 2002, cuando los noruegos facilitaron un Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Sri Lanka y los LTTE para suspender las hostilidades, en espera de las conversaciones de paz que han de tener lugar en Bangkok, Tailandia.

El Comité Central:

· acoge con satisfacción el Memorándum de Entendimiento convenido entre el Gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación del Ealam Tamil;

· insta a la comunidad ecuménica a:

- acompañar a las iglesias hermanas de Sri Lanka en su camino hacia la paz;
- apoyar con sus oraciones, su aliento y su solidaridad al Consejo Nacional de Iglesias de Sri Lanka y a la Iglesia de Noruega en sus esfuerzos conjuntos por despertar las conciencias y movilizar apoyos para el proceso de paz;
- movilizar los apoyos nacionales e internacionales en favor del Proceso de Paz en Sri Lanka;

- proporcionar recursos humanos y materiales para la reconciliación y la reconstrucción de Sri Lanka.

5. Bangladesh y las minorías religiosas

Después de tres décadas de independencia, Bangladesh no ha conseguido desarrollar un marco constitucional viable de gobierno democrático. El país ha sufrido frecuentes cambios de gobierno y golpes militares sangrientos. Su principio fundacional de "nacionalismo secular bengalí" se ha venido abajo, y el país se ve ahora oprimido entre los agresivos partidos políticos islámicos de derechas ya agonizantes y un tropel de políticos oportunistas. La falta de una cultura política parlamentaria ha allanado el camino a la política destructora de la calle. Hay una necesidad urgente de construir una cultura de tolerancia y paz en el país.

El Comité Central pide a las iglesias que:

· vigilen la situación de las minorías religiosas en el país y ofrezcan apoyo pastoral y solidario a las iglesias y a los cristianos del país;

· proporcionen recursos humanos y materiales a las iglesias de Bangladesh para que puedan iniciar la cooperación y el diálogo interreligiosos con objeto de promover la tolerancia y construir una cultura de paz.

2. PROYECTO DE DECLARACIÓN SOBRE EL PROCESO DE PAZ EN EL SUDÁN

En su última reunión, celebrada en Postdam en febrero de 2001, el Comité Central del CMI aprobó una extensa declaración sobre la situación en Sudán, en la que se ponía de relieve la urgencia de esfuerzos encaminados a resolver el conflicto y se hacía un llamamiento a las iglesias miembros, las organizaciones ecuménicas y organismos conexos de cooperación, para que tomaran una serie de medidas de sensibilización en ese sentido.

Por medio del Foro Ecuménico del Sudán, el CMI y otras organizaciones ecuménicas han intensificado sus actividades de seguimiento de los acontecimientos, y han prestado nuevo apoyo a las iglesias de Sudán en defensa de la paz y la reconciliación.

A fines de junio de 2002, el Secretario General visitó el Norte y el Sur de Sudán, por invitación de las iglesias sudanesas. Renovó allí el compromiso del CMI de continuar acompañando a las iglesias en su lucha por una paz justa y duradera en Sudán.

Simultáneamente con esta visita, el Gobierno y el Movimiento/Ejército para la Liberación del Pueblo del Sudán (SPLA/M) se reunieron en Machakos, Kenya, bajo los auspicios de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) para promover negociaciones sobre una solución pacífica del conflicto. El 20 de julio de 2002, firmaron un acuerdo conocido como el "Protocolo de Machakos". Las iglesias sudanesas, aunque preocupadas aún por el aumento de los actos de violencia en el alto Nilo, expresaron un apoyo inequívoco a ese compromiso de las partes de entablar negociaciones con miras a una resolución pacífica y total del conflicto, basada en la Declaración de Principios de la IGAD, que asumieron las partes. Recibieron con agrado el Protocolo de Machakos por considerarlo un marco valioso para las negociaciones de paz en curso y especialmente el acuerdo específico de las partes para incorporar en el Acuerdo Final disposiciones sobre derecho a la libre autodeterminación del pueblo del Sudán Sur y sobre estado y religión.

El Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias acoge con beneplácito el Protocolo de Machakos y reitera su apoyo al proceso de paz de la IGAD. Asimismo, reconoce los persistentes esfuerzos de las iglesias sudanesas para luchar por la paz a pesar de las muchas dificultades. Al mismo tiempo, sigue preocupado por las noticias de que se han intensificado los combates en las cercanías de Tam, en el alto Nilo occidental, y en Yuai, en el alto Nilo oriental, violando gravemente las disposiciones del anterior acuerdo de cese de fuego en las Montañas de Nuba, negociado por los Estados Unidos y Suiza, con la consiguiente pérdida de vidas y el desplazamiento de la población civil.

En este nuevo contexto, el Comité Central insta a las iglesias miembros a que:

· perseveren en la oración por las iglesias y el pueblo de Sudán;
· ofrezcan apoyo y aliento a las iglesias de Sudán, ya que la labor de éstas en favor de la justicia, la paz y la reconciliación no ha terminado;
· sigan de cerca los acontecimientos relacionados con el Protocolo de Machakos e intercambien información al respecto;
· ayuden a las iglesias sudanesas cuando intenten entablar nuevas negociaciones en el marco del proceso de paz de la IGAD.

3. PROYECTO DE DECLARACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

La violencia está asolando Colombia desde hace varias décadas. En los últimos años, se ha intensificado de manera espectacular, con un promedio de veinte personas por día –entre ellas tres niños- asesinadas o "desaparecidas" en medio de una agitación política y social continua. Un rasgo relativamente nuevo es que ahora se toma como blanco a los cristianos, tanto clérigos como laicos. Un ejemplo trágico fue el asesinato de más de cien personas (entre las que había por lo menos 40 niños) que buscaron refugio en una iglesia de Bellavista durante una confrontación militar que tuvo lugar en mayo de 2002.

Una vez más se comprueba que la violencia en Colombia no tiene límites; la angustiosa situación de su pueblo recuerda las palabras del salmista
Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte! Perros me han rodeado; me ha cercado una banda de malignos; desgarraron mis manos y mis pies… Mas tú, Jehová, no te alejes! Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme! Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. (Salmo 22: 15-16, 19-20.)

Las iglesias y la sociedad civil en general de Colombia vienen oponiéndose desde hace muchos años a la escalada militar, por lo que han organizado protestas noviolentas multitudinarias y han tomado medidas para lograr una solución pacífica negociada. Muchas personas han pagado con su vida y muchas otras se han visto obligadas a exiliarse debido a las amenazas que pesan sobre ellas y sus familias. El número de personas desplazadas de sus comunidades por la fuerza excede en la actualidad de los dos millones –cinco por ciento de la población total–, de los cuales casi una cuarta parte sólo en 2001. La mayoría de los desplazados por la violencia y las consecuencias de la puesta en práctica del Plan Colombia son indígenas y afrocolombianos y, como suele suceder en los conflictos civiles, los más afectados son las mujeres y los niños.

Para las iglesias de Colombia y otras organizaciones de la sociedad civil, la causa de los conflictos no radica en el tráfico de drogas ni en la violencia de los movimientos guerrilleros (aunque estos factores también cuentan), sino en la larga historia de injusticia social, la concentración del poder económico y político en pocas manos, la lucha por el control de yacimientos petrolíferos potencialmente ricos y una estructura social basada en la exclusión, las desigualdades y la impunidad.

Tras años de esfuerzos por encontrar una solución negociada al problema de la violencia, a comienzos de este año el Gobierno interrumpió las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y dejó de respetar las zonas desmilitarizadas. Las últimas elecciones llevaron al poder a Álvaro Uribe Véles y, poco después de su toma de posesión, en agosto de 2002, el nuevo Gobierno declaró el estado de emergencia, dijo que duplicaría el número de efectivos militares y entabló negociaciones con las fuerzas paramilitares.

Estos hechos forman parte del "Plan Colombia", que cuenta con el apoyo financiero, militar y político de Estados Unidos. El Comité Central, cuando se reunió en Potsdam en febrero de 2001, condenó enérgicamente esta estrategia militar e instó a las iglesias y al CMI a intensificar sus esfuerzos ecuménicos para apoyar una paz negociada. Después, el "Plan Colombia" se transformó en la "Iniciativa Andina", en el marco de la cual se llevan a cabo operaciones militares en diferentes países de la región.

En respuesta a esto, el CMI, conjuntamente con la Federación Luterana Mundial, organizó un Foro Ecuménico sobre Colombia en el Centro Ecuménico de Ginebra, en el que se reunieron representantes de las iglesias y de la sociedad civil de Colombia, del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), de las iglesias y las organizaciones de cooperación en Europa, con el objetivo de elaborar una estrategia para responder a la guerra en Colombia. Además, pidió que se reforzara la acción ecuménica internacional y se hiciera hincapié en el trabajo en favor de la paz que se realiza en el marco del Decenio para Superar la Violencia (DSV).

Ante esta trágica situación y en vista de la amenaza que la misma supone para toda América Latina, el Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias, reunido en Ginebra del 26 de agosto al 3 de septiembre de 2002,

Reitera sus expresiones de solidaridad y sus oraciones por el pueblo colombiano, especialmente por las familias y los amigos de las personas asesinadas, mutiladas, desaparecidas o desplazadas, y por las iglesias de Colombia en relación con su testimonio y su trabajo valientes y sacrificados en favor de la paz;

Pide a todos los dirigentes políticos, militares y religiosos de Colombia que no escatimen esfuerzos para lograr una solución pacífica del conflicto, el desarme de las fuerzas paramilitares y el restablecimiento del estado de derecho;

Pide a todos los movimientos de oposición armados que respeten las reglas de combate aplicables a situaciones de conflicto armado, desistan de todas las operaciones que pongan en peligro a la población civil y traten de reanudar las negociaciones de buena fe en favor de la paz;

Denuncia una vez más el "Plan Colombia" y todas las estrategias basadas en el uso de la fuerza militar con fines preventivos;

Insta al Gobierno de Colombia a que revoque todas las medidas de emergencia, garantice el pleno respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos y respete en su totalidad las disposiciones del derecho internacional aplicables a situaciones de conflicto civil, especialmente las que se refieren a la protección de la población civil en las zonas de conflicto armado;

Pide con insistencia al Gobierno de los Estados Unidos de América a que retire sin demora de Colombia y de sus demás emplazamientos en la región latinoamericana todas sus fuerzas militares, incluso asesores militares y otros;

Insta a todos los gobiernos de la región a que tomen todas las medidas posibles para favorecer la solución pacífica del conflicto civil en Colombia y a que respeten los derechos de quienes se han visto obligados a huir de la violencia en dicho país y que atiendan a sus necesidades vitales;

Expresa su reconocimiento a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por el trabajo realizado a través de su oficina en Colombia, así como a las ONG de derechos humanos y las organizaciones vinculadas a las iglesias por los esfuerzos realizados para proteger y prestar asistencia a las víctimas y para desarrollar programas de pacificación;

Hace notar una vez más a las iglesias miembros y los organismos conexos la apremiante situación de Colombia y expresa su profundo reconocimiento a quienes ya han dado prioridad a esa situación, y pide oraciones y medidas concretas de solidaridad con las iglesias, las víctimas y la población en peligro de las zonas de conflicto armado;

Pide especialmente a las iglesias de Estados Unidos que ejerzan presión sobre su Gobierno para que cese de inmediato su intervención en el "Plan Colombia", para que la asistencia militar a Colombia