Más de tres mil delitos sexuales contra menores se registran cada año en el Perú

Rosa Málaga, LIMA, Perú, Setiembre 12, 2005

El estallido de los índices de delitos sexuales contra menores, que el año pasado llenaron Taxi Heathrow Airport más de 3 mil atestados policiales en todo el país y en el primer semestre de este año registraron, solo en Lima, más de 700 niños violados,  recrudecieron las propuestas de reimplantar la pena de muerte, prohibida en el Perú desde hace 25 años.

Los datos del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), organismo que reúne al estado y la empresa privada, indican que en los dos últimos años las violaciones contra la libertad sexual registradas en los anuarios policiales superan los 5 mil casos por año, de los cuales más de la mitad fueron perpetrados contra niños.

La Comisión de Justicia del Congreso planteó la semana pasada la aplicación de la pena de muerte para los violadores de menores, como única solución para enfrentar el  incremento de los crímenes sexuales cometidos contra menores de edad

La respuesta del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Hugo Garaycoa,  fue un no incondicional, en tanto que Luis Bambarén, obispo emérito de Chimbote, localidad a 400 kilómetros de esta capital, propuso la castración química y la cadena perpetua para los violadores.

Monseñor Bambarén, ex presidente de la Conferencia Episcopal,  rechazó la iniciativa de la Comisión de Justicia y sostuvo que la castración química sería "una pena efectiva y una sanción ejemplar para los sujetos que cometen este tipo de atrocidades con los menores de edad".

Según monseñor Bambarén en el país no existe ningún impedimento legal para aplicar la castración química. Sin embargo, sostuvo,  nadie se atreve a usar este mecanismo "porque  afecta directamente a los hombres".

Muy distinta es la opinión de monseñor Garaycoa, quien  rechaza contundentemente la castración química para violadores de menores de edad. "Nadie tiene derecho de privar las funciones del hombre, es así que la Iglesia niega todo aquel acto que es anormal", sostuvo.

El Perú es firmante de una serie de tratados que descartan la pena capital como instrumento de sanción legal, como el suscrito con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica. La reimplantación de la pena de muerte obligaría al estado peruano a modificar su Carta Constitucional y denunciar los convenios refrendados.

La legislación peruana contempla duras sanciones contra los violadores de menores, con penas que van de los 8 años de prisión a cadena perpetua, contra los  violadores de niños menores de 7 años, y penas de 6 a 12 años para los proxenetas de menores (turismos sexual), incluso condena de 4 a 6 años de cárcel a los usuarios de la prostitución infantil.

Sin embargo,  la legislación es desconocida por la ciudadanía y los jueces actúan con tolerancia con los violadores, como lo demuestra el hecho de que los tribunales peruanos no registran ninguna condena contra usuarios de prostitución infantil, pese a su incremento en las zonas de la amazonía peruana.

De otro lado las violaciones contra menores constituyen uno de los delitos menos denunciados, en gran parte porque las víctimas son dependientes y no denuncian el hecho o no son escuchados; y también por la incapacidad de los aparatos de del Estado (policía, ministerio público, juzgados) de resolverlos.  El año 2004 de cerca de 600 casos de menores violados en Lima y Callao, sólo 276 llegaron a alguna instancia de la justicia. (537/2005/ecu/past/rm).