Nuevo Congreso debatirá controvertida Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos

LA PAZ, Bolivia, Agosto 5, 2005

El nuevo Congreso boliviano que resultará elegido en los comicios generales de diciembre próximo, debatirá Taxi Heathrow Airport finalmente la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos que el Parlamento repuso en agenda el miércoles,  después que fue vetada por el Ejecutivo y rechazada por católicos y evangélicos.

El sinuoso recorrido de la controvertida norma  pareció tomar un largo receso cuando el presidente del parlamento boliviano, Hormando Vaca Diez, informó que la ley quedó incluida en la agenda congresal, aunque no se discutirá ahora sino en la siguiente legislatura "para evitar una polémica pública con tintes electorales".

El proyecto de la ley fue presentado el año pasado durante el gobierno del ex presidente Carlos Mesa y aprobado mayoritariamente en las dos cámaras del congreso; sin embargo el presidente no la promulgó por la ola de protestas de parte de la Iglesia Católica, organizaciones de padres de familia y de la Asociación Nacional de Evangélicos (ANDEB).

En marzo pasado dos mil personas convocadas por la ANDEB y por  Iglesias Evangélicas Unidas (IEU), protestaron contra  la ley en la Plaza Los Héroes de la Paz del municipio de El Alto de esta ciudad.

El pastor evangélico Johnny Dueri, uno de los organizadores de la movilización, sostuvo en esa concentración que la ley reconoce el derecho al goce sexual sin distingo de "opción sexual", pudiéndose entender como "cualquier desviación o perversión" y rechazó que se pretendan imponer tales conductas y la legalización del aborto.

En la mañana del miércoles el presidente del Congreso había afirmado que la ley "ya no estaba en agenda", y que quienes estaban preocupados por su promulgación "podían quedarse tranquilos". Sin embargo en la tarde el Congreso escuchó los argumentos del veto del presidente Mesa.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Juan Gabriel Bautista,  acusó al Movimiento al Socialismo (MAS) de haber maniobrado con la comisión congresal de Política Social para facilitar la aprobación de la ley, aparentemente presionados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Bautista dijo que la diputada Alicia Muñoz, del MAS, hizo un "extraño acuerdo" con el presidente de esa comisión, Germán Yucra, que elevó un informe aprobatorio que debió discutirse en la Comisión de Derechos Humanos.

La norma constituye para sus críticos una amenaza para la institución familiar. En cambio para la organización Católicas por el Derecho a Decidir, prevendría la discriminación contra las mujeres y aseguraría el acceso a la salud sexual y reproductiva. (463/2005/ecu/past/alc).