La democracia sin comunicación

Claudia Florentín, BUENOS AIRES, Argentina, Junio 15, 2005

Argentina recordó el 25 de mayo último la primera gesta patria hace 195 años. La Taxi Heathrow Airport historia escolar cuenta que los ciudadanos de la portuaria ciudad de Buenos Aires querían y pedían saber qué se decidía en el cabildo. 

Lamentablemente, luego de casi 22 años del retorno a la democracia, seguimos necesitando saber qué se decide en el país, aunque hoy, ya espantados de tanta política de espaldas al pueblo, sabemos que lo que se decide muchas veces no tiene que ver con los intereses comunes.

Un claro ejemplo de esta política lo dio el gobierno de Néstor Kirchner cuando, por el Decreto 527, prorrogó por diez años más las licencias de radio y TV a los actuales propietarios, haciendo oídos sordos a los reclamos por una Ley de Radiodifusión que contemple los derechos de todos los sectores y no solo los empresariales.

La ley de radiodifusión 22.285/80, sancionada por la dictadura militar, sigue vigente en el país  impidiendo a gran parte de la sociedad argentina llegar a ser propietaria de un medio, sobre todo si sus fines son solidarios o comunitarios.

En la década del 90, mientras Menem gobernaba Argentina, los grupos afines a su política, se fueron consolidando como propietarios de medios y monopolios.

Estos grupos son los mismos que hoy favorece Kirchner, sabiendo que muchos de ellos cuentan con sanciones, situaciones irregulares y deudas importantes. La peligrosidad del decreto presidencial, aunque esté en sus prerrogativas, es clara porque asegura estabilidad a muchos quienes accedieron a las licencias por leyes de épocas militares o del gobierno neoliberal menemista.

Se argumentó desde el Gobierno que la medida ayudará a la producción nacional y fomentará fuentes de trabajo. Un análisis detallado de la composición del capital de estos grupos muestra que ayuda y fomenta la concentración así como el amiguismo político/empresarial que tan buena pareja hacen.

La verdadera ayuda a la producción nacional, diversa, pluralista  y rica, se produciría si la ciudadanía toda tuviera acceso al espacio radioeléctrico, como que es un espacio común y patrimonio de la humanidad que los gobiernos sólo deben administrar con justicia y equidad.

Ya sabemos de qué se trata, seguiremos pidiendo y reclamando porque la democracia sea respetada y la comunicación sea un derecho de todos y todas.