Reclaman al Congreso nombrar Defensor del Pueblo

LIMA, Perú, Mayo 6, 2005

 Un grupo de dirigentes de organizaciones de la sociedad civil,  dignatarios de la Iglesia Católica Taxi Heathrow Airport y personalidades evangélicas, se dirigió al  presidente del Congreso, Antero Flores Aráoz, reclamando que la representación parlamentaria cumpla con su responsabilidad de nombrar al Defensor del Pueblo.

El cargo se encuentra vacante desde hace cuatro años. El Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, renunció el 28 de noviembre del 2000 al cargo que le confirió el Congreso en abril de 1996. La Defensoría quedó a cargo del primer adjunto, Walter Albán Peralta.

 Varios intentos de nombrar Defensor del Pueblo han fracasado por pugnas políticas, especialmente debido a que su designación requiere mayoría calificada de dos tercios de los 120 miembros del parlamento.

La carta enviada al presidente del Poder Legislativo expresa "creciente preocupación respecto de la postergada elección del Defensor del Pueblo". "Han transcurrido más de cuatro años y, por razones que no llegamos a comprender, una institución básica de la democracia como la Defensoría del Pueblo no cuenta aún con un titular elegido", dice.

El pronunciamiento está firmado, entre otros,  por  los rectores Manuel  Burga, de la Universidad Nacional de San Marcos, Felipe Ortiz de Zevallos (Universidad del Pacífico), Ilse Wistotzki (Universidad. de Lima) y el vice-rector de la Universidad Católica Marcial Rubio Correa.

También suscriben la carta  el teólogo Gustavo Gutiérrez,  el ex-presidente de la Conferencia Episcopal Luis Bambarén y el presidente de la Mesa de Concertacion para la Lucha Contra la Pobreza, padre Gastón Garatea así como por el presidente del Concilio Nacional Evangélico, Rafael Goto Silva y el líder de la Unión Nacioal de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, Humberto Lay.

Señala la carta que en este tiempo, la Defensoría del Pueblo ha ampliado y profundizado su actuación en sintonía con las necesidades de la población. Su presencia es cada vez más significativa en 36 ciudades del Perú, lo que se ve reflejado en la confianza que la ciudadanía le dispensa y que los sondeos de opinión recogen.

No obstante, argumenta,  "el Congreso de la República, al no cumplir con la elección del Defensor en un tiempo razonable, poco o nada ha contribuido a su fortalecimiento. En este sentido, la actual situación constituye un trato injusto a la institución y una manera de afectar la ya débil institucionalidad del país".

Los firmantes señalan que su preocupación se acrecienta ante la constatación de la existencia de diversos factores que amenazan la gobernabilidad en el Perú de hoy, los que tienden a multiplicarse en circunstancias en las que nos acercamos a una renovación de las más altas autoridades elegidas en el país, incluyendo al propio Congreso Nacional.

En este contexto, indica la carta, es muy importante que un poder del Estado, como el  Legislativo, "a través de la elección del Defensor del Pueblo, preserve su propia competencia, afiance su funcionamiento y propicie su legitimación social".

"En el país, los derechos y las libertades se juegan a diario y en ese trance urgimos de instituciones vigorosas y comprometidas con la gente y sus problemas.  En esta perspectiva la Defensoría del Pueblo tiene, con seguridad, mucho que ofrecer; si hoy circunstancialmente necesita de nuestra defensa, nos corresponde a las ciudadanas y ciudadanos ejercerla públicamente, y al Congreso de la República, atender esta demanda cumpliendo con su responsabilidad ante el pueblo y ante la Constitución", enfatiza la misiva. (249/2005/ecu/sp/alc).