CEE y FEINE divergen sobre crisis institucional ecuatoriana

Manuel Quintero, QUITO, Ecuador, Diciembre 15, 2004

En un convulso ambiente político, en el que partidos de oposición y fuerzas sociales acusan Taxi Heathrow Airport al presidente Lucio Gutiérrez de estar implantando una dictadura, las iglesias evangélicas salieron a la palestra con opiniones y posturas divergentes respecto de la más reciente crisis institucional que se registra en el país.

El miércoles 8 de diciembre la nueva mayoría  parlamentaria, favorable al gobierno, disolvió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y designó una nueva con magistrados de sectores afines al oficialismo. Esa decisión desató protestas de varios sectores políticos, productivos y sociales, que la consideran ilegal e inconstitucional.

Los partidarios del gobierno defendieron la actuación de la mayoría parlamentaria señalando que esa decisión está basada en una ley transitoria que permite al Congreso designar a algunos funcionarios de una forma excepcional.

Pero el vicepresidente ecuatoriano, Alfredo Palacio, criticó la acción parlamentaria y, en un comunicado difundido por la prensa, declaró que ''el respeto irrestricto de la Constitución y las leyes es la única vía para alcanzar la justicia, la paz de las naciones y el estado de derecho''.

En cambio, el presidente de la Federación Evangélica de Indígenas del Ecuador (FEINE), Marco Murillo, expresó su apoyo a los cambios realizados, aunque advirtió que habría movilizaciones si no se concreta una reestructuración total del Poder Judicial.

"El país ya se pronunció por la despolitización de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de los distintos poderes del Estado", aseguró el dirigente de la FEINE.

En contraste, la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana (CEE), organismo que agrupa a la mayoría de las iglesias mestizas del país, acusó a los miembros del Congreso de haber "convertido en una mercancía barata a la Constitución de la República, permitiendo que sea manejada por mercaderes que la ofrecen al mejor postor".

En un comunicado firmado por el presidente de la CEE, pastor Estuardo López, ese organismo se plantea si es lícito que 52 voluntades -los congresistas que votaron a favor de la disolución de la CSJ-"lleven al caos y la zozobra a una nación entera", y les acusan de "quebrantar la institucionalidad del país".

"Exigimos la inmediata rectificación de las arbitrariedades e ilegalidades cometidos en los últimos días por una mayoría amalgamada por intereses no confesos que ponen en grave riesgo la paz, la justicia y el progreso del país", destaca el comunicado, y añade que "el imperio de la arbitrariedad no es ni será jamás una norma que las garantice".

Otra organización indígena, el Congreso La Federación de Nacionalidades Indígenas y Negras (FENOCIN), protestó por boca de su presidente, Pedro de la Cruz, quien calificó las últimas decisiones del parlamento como una "violación sistemática de la institucionalidad".

El tenso clima político forzó al presidente Gutiérrez a cancelar su asistencia a la cumbre del MERCOSUR, que se celebrará los días 16 y 17 de los corrientes en Brasil, mientras el ministro de Gobierno, Jaime Damerval, anunciaba que se adelantará para este mes la convocatoria a un referéndum sobre reformas políticas. El referéndum busca superar la crisis institucional desatada por la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia.

Entre tanto, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera, pidió al presidente del Congreso, el diputado opositor Guillermo Landázuri, de la Izquierda Democrática, que convoque a un período extraordinario de sesiones para reconsiderar sus últimas decisiones.

El empresario ha invitado al presidente Gutiérrez a apoyar ese congreso extraordinario para que "vuelva la legitimidad al sistema jurídico".