Reparaciones a víctimas de la violencia

Ricardo Verástegui , LIMA, Perú, Noviembre 24, 2004

El presupuesto general de una República no es un libro de caja donde se registran Taxi Heathrow Airport ingresos y egresos, sino una propuesta de economía política que refleja con claridad meridiana los intereses a  los que sirve un gobierno y un Estado, así como sus objetivos y metas en el corto plazo, los que a su vez deben responder al mediano y largo plazo, al administrar los recursos públicos.

Esta propuesta política debe estar basada en la búsqueda y realización del bien común (el buen gobierno); y la promoción y el cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos (económicos, sociales y culturales) de todas y cada una de las personas que forman parte de la sociedad.

Máxime si países, como el Perú, han suscrito y ratificado los pactos internacionales que garantizan la vigencia de estos derechos. Y si la Constitución que nos rige proclama y manda que “la defensa de la persona humana  y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” (Capítulo 1, artículo 1).

A la luz de estos principios, debemos señalar que el presupuesto diseñado para el 2005 – que debe ser aprobado por el Congreso a fines del mes en curso para su correspondiente promulgación por el Ejecutivo – y que asciende al orden de los S/. 49,387  millones de nuevos soles (11 por ciento más alto que el del 2004), está hecho básicamente para pagar la deuda pública externa (18.5 por ciento, esto es el 33.8 por ciento del PBI, mayor que cualquier rubro de inversión social) e interna que en su conjunto representan el 26.7 por ciento del presupuesto nacional. (1 US$ = 3.28 nuevos soles).

El secretario de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Jhonny Peralta Cruz, ha manifestado, sin medias tintas, que el 40 por ciento del incremento del presupuesto para el 2005 se debe a un mayor servicio de la deuda pública interna y externa.

Peralta ha dicho, también, que el creciente peso que representa el pago de la deuda en el presupuesto público es la principal amenaza de la estabilidad macroeconómica.

El presupuesto del 2005, como ha ocurrido con los presupuestos nacionales de los años anteriores, está confeccionado  de acuerdo a las exigencias de un modelo económico impuesto por la globalización neoliberal y los intereses de las empresas transnacionales vía el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), manejada por los estados de las naciones más ricas y poderosas del orbe; y no de cara a las necesidades reales que requerimos satisfacer como país y como población. 

No encontramos en el presupuesto, que debiera ser un instrumento al servicio del desarrollo integral del Perú, un enfoque que nos diga o nos dé una señal que su orientación es la de dotar –  a los diversos sectores que integran la sociedad peruana – de recursos que les posibiliten  mayores oportunidades de educación, atención médica, ingresos y empleo.

Acontece todo lo contrario, por ejemplo, como hemos dicho, mientras el 26.7 por ciento del presupuesto es para el pago de deuda, sólo el 5.4 por ciento es para salud.

Así, el presupuesto nacional que debiera ser un instrumento al servicio de la dignificación de hombres y mujeres de nuestra población que permita mejorar su calidad de vida, especialmente de la población que se debate entre la pobreza (54.8 por ciento) y la extrema pobreza (24.4 por ciento), y aquella que ha sido víctima   de dos décadas de violencia política, tal como está diseñado es una camisa de fuerza que bloquea el desarrollo y bienestar de la población.

Las palabras de Jhonny Peralta, preocupado por la estabilidad macroeconómica más que por la sostenibilidad de una economía para el desarrollo humano, nos relevan de mayores comentarios sobre el punto. Pero, a la vez, nos hacen notar que la elaboración y ejecución de un presupuesto nacional acorde con los intereses  y necesidades de la sociedad en su conjunto es una responsabilidad no únicamente del Estado, sino de la sociedad. 

La no atención urgente y pronta de la población más empobrecida de nuestro territorio nacional, secularmente postergada en la reivindicación de sus derechos, brutalmente golpeada por años de violencia estructural y política y marginada por una brecha de inequidad social, es un verdadero caldo de cultivo para una eclosión que romperá el frágil tejido democrático que estamos confeccionando con tanto esfuerzo.

Por esta razón, el Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita, como parte de la sociedad civil identificada con quienes han sido víctimas  de la violencia política que fracturó aún más las relaciones existentes entre peruanos y peruanas, busca que el Estado – a partir de la existencia del Marco Programático de la acción del Estado en materia de reparaciones integrales (Decreto Supremo N 062-2004-PCM) – cree un fondo de reparaciones integrales para las víctimas del conflicto armado. 

Este fondo debe estar  incluido como parte del presupuesto general de la República, al cual se le asigne para el ejercicio fiscal del 2005 la suma de S/. 700 millones. (US$ 213 millones de dólares USA).

Esta cantidad estaría destinada a reparaciones colectivas: red vial (zonas aisladas), mejoramiento de infraestructura educativa (comunidades afectadas), mejoramiento de infraestructura de salud (comunidades afectadas); reparaciones individuales no económicas: mejoramiento de vivienda (familiares), desarrollo productivo (familiares), becas integrales (individuales), atención salud (individuales); y reparaciones individuales económicas: fallecidos (deudos).

El objetivo de este fondo – que proponemos sea de diez años – es garantizar la prioridad y el flujo de recursos públicos necesarios para solventar las indispensables acciones adicionales que el Estado y la sociedad peruana deben llevar adelante  para reparar las secuelas dejadas por el conflicto armado interno vivido por nuestro país entre 1980 y el 2000.

Para garantizar que estos recursos puedan fluir hacia los sectores públicos, de tal manera que  los consideren  en la formulación de sus Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), se requiere contar con un clasificador funcional programático en materia de reparaciones, pues sin éste no puede darse la inclusión y asignación de recursos en la formulación de los presupuestos sectoriales. Por otra parte, la ausencia de este clasificador dificulta saber cuánto se asignó a reparaciones y con ello la transparencia en el manejo de los recursos.

La existencia de este clasificador funcional ayudará a que cada sector defina en forma expresa su política de reparaciones (objetivos, metas, acciones, indicadores) y asignar para su realización los recursos correspondientes. Política diferente a la que da dirección a sus acciones regulares.

Asimismo contar con un clasificador funcional programático en materia de reparaciones facilitará la necesaria vigilancia ciudadana sobre los recursos asignados y empoderará a las organizaciones de las personas afectadas por la violencia política.

Finalmente, no debemos dejar de reconocer el camino recorrido por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel Encargada del Seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los Ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional (CMAN): asumir  y oficializar el Programa Integral de Reparaciones (PIR)- Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como política de Estado en materia de reparaciones; inclusión de las recomendaciones de la CVR en la definición en los objetivos generales, específicos, metas y actividades y proyectos de los sectores; creación del Registro Nacional de Víctimas; creación del Padrón de Organizaciones; etc.

Sin embargo, nada de lo avanzado nos conducirá a buen puerto si no se cuenta con los recursos necesarios para hacer efectivas las reparaciones integrales que no sólo reclaman las víctimas de la violencia armada, sino todas las personas que consideramos que el presupuesto nacional debe servirnos para promover nuestra dignidad como seres humanos con derecho a gozar de una vida plena y la obligación de construir un hogar común basado en relaciones de justicia, solidaridad y libertad.