Ordenan archivar denuncias por los casos de desaparecidos

Esteban Cuya, NUREMBERG, Alemania, Agosto 9, 2004

Cientos de personas de diversas partes del mundo se están dirigiendo por carta, fax y Taxi Heathrow Airport correo electrónico a las autoridades judiciales y políticas alemanas, manifestando su asombro y preocupación por una decisión de la Fiscalía de Nuremberg que niega el derecho a la verdad y la justicia a un grupo de seis familias judíos-alemanas, cuyos hijos sufrieron el secuestro y la desaparición forzada por parte de las fuerzas militares argentinas.

La Fiscalía de la ciudad de Nuremberg ordenó sorpresivamente el archivamiento de las denuncias por los casos de seis ciudadanos descendientes de judíos-alemanes secuestrados, desaparecidos y/o asesinados en Argentina entre 1976 y 1983. Las denuncias habían sido presentadas por abogados de la Coalición contra la Impunidad durante 1998 y 1999.

Se trata de los casos de Alfredo José Berliner, de 29 años; Leonor Gertrudis Marx, de 28 años, Alicia Nora Oppenheimer, de 22 años; Walter Claudio Rosenfeld, de 21 años; Juan Miguel Thanhauser, de 23 años; y Marcelo Weisz, de 25 años. Todos ellos nacieron en Argentina dentro de familias judíos-alemanas.

El argumento de la Fiscalía para el rechazo de las denuncias es que ninguna de estas seis personas puede ser considerada  "alemán" según el sentido establecido por la Carta Constitucional de Alemania.

Ninguno contaba, al momento de su desaparición, con la nacionalidad germana, según la Fiscalía de Nuremberg. Por esta causa la Fiscalía considera que no tiene competencia para juzgar los crímenes contra estas personas. Así retoma un argumento utilizado en 1999 por la Fiscalía General de Alemania que recomendó en esa oportunidad cerrar los casos.

Fue el régimen nazi el que en 1941 anuló por Decreto la nacionalidad alemana de los ciudadanos judíos-alemanes que residían desde varias generaciones en Alemania. Para salvar sus vidas de la violencia de los nazis, que afectó a millones de judíos europeos, miles de familias judías emigraron entre 1930 y 1944 a diversas partes del mundo.

Muchos se fueron hacia Argentina, a donde llegaron en condición  de "apátridas". Sus descendientes, quienes tenían derecho a la nacionalidad alemana, no la pudieron obtener, por la ley nazi de 1941 que había afectado a todos los judíos residentes en Alemania.

Aunque la Ley Nazi fue posteriormente anulada, y se decretó que todos los que  habían perdido la nacionalidad alemana podían recuperarla automáticamente, a los que vivían en el exterior se les exigió declarar su voluntad de querer recuperar la nacionalidad alemana, para  lo  cual se fijó un trámite.  Dos  de las seis víctimas  habían recibido ya el pasaporte alemán.

Años más tarde ya en Argentina, las familias judías, entre otras, volvieron a ser objeto de violencia por parte de los militares, quienes en Argentina también estaban influenciados por un fuerte antisemitismo. Esto fue comprobado por la Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP), que investigó los casos de desaparición forzada en Argentina durante la dictadura militar de 1976 a 1983.

La Fiscalía de Nuremberg decidió cerrar las investigaciones de estos casos a pesar de no haber cumplido con investigar cuidadosamente a todos los implicados en los crímenes contra estas personas, como el ex policía Julio Simón, alias "Turco Julián", quien en mayo de 1995 confesó ante las cámaras de la television argentina haber desaparecido a la familia Weisz.

Tampoco se ha esclarecido el rol del ex militar "Mayor Peirano" torturador argentino infiltrado en la embajada alemana en los años de la dictadura, para obtener clandestinamente información sobre los desaparecidos alemanes. La Coalición contra la Impunidad ha exigido a la Fiscalía que interrogue a estos dos agentes represivos.

La señora Ellen Marx (84 años) quien perdió a su hija Leonor Gertrudis Marx en Argentina, declaró en Buenos Aires que aunque no puede comprender la decisión de la Fiscalía de Nuremberg, ella siente el desafío de seguir luchando con más fuerzas para conseguir la tan ansiada verdad y justicia.

La Coalición contra la Impunidad ha emprendido con el apoyo de diversas organizaciones de derechos humanos una campaña de protestas a nivel mundial, demandando la continuacion de las investigaciones, hasta llegar a la verdad y la justicia que reclaman los familiares de los desaparecidos.

Si la Fiscalía persistiera con su intención de archivar estas denuncias estaría ignorando los grandes avances que se han producido últimanente en el derecho internacional de los derechos humanos, tal como lo demuestran las investigaciones actuales contra el ex dictador Pinochet y Henry Kissinger en España, Argentina y Chile, por su responsabilidad en el terrorismo de estado del cono sur de America durante los años 70 y 80. (541/2004).