Ronderos injustamente encarcelados recuperan su libertad

José Regalado, LIMA, Perú, Junio 16, 2004

Once integrantes de las llamadas "rondas campesinas" de un apartado pueblo de la amazonía, en Taxi Heathrow Airport el noreste de Perú, que estuvieron cuatro meses injustamente encarcelados, recuperaron su libertad  por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Los ronderos, entre ellos dos mujeres, habitan en Pueblo Libre, localidad ubicada en una zona de difícil acceso, en la margen izquierda del río Mayo, en el departamento de San Martín, a 1,400 kilometros al noreste de Lima. Es un pequeño poblado que vive de la agricultura y que carece de servicios de agua potable o electricidad. No hay un puesto policial cercano.

Para brindarse seguridad, los pobladores han organizado rondas campesinas,  un mecanismo surgido hace más de 30 años en el Perú. Estas rondas están compuestas por hombres y mujeres de la propia comunidad, que hacen servicio por turnos, ayudan en la resolución de conflictos y en la administración de justicia. Aplican normas basadas en sus costumbres y usos ancestrales y el  Estado ha tenido que reconocer su validez.

A comienzos del año 2002 se produjeron en Pueblo Libre una serie de robos, asaltos y violaciones a mujeres. El 22 de marzo de ese año, las Rondas Campesinas capturaron a Segundo Sánchez, Abel Olivera, Blanco Uribe y Segundo Cubas, que confiesan ser autores de los delitos. Las rondas los sancionan obligándoles a hacer vigilancia forzosa en las comunidades.

Sin embargo, el Poder Judicial promueve un juicio contra los ronderos por delitos de secuestro, usurpación de funciones y resistencia a la autoridad. Son capturados: Maximiliano Torres, Leonidas Fernández, Efraín Bustamante, Pedro Medina Ramírez, Jesús Acuña, Wilfredo Cueva, José Hilario,  José Bustamante, Maria Llatas, Elita Ramírez y Oscar Huamán.

En febrero del 2004, la Sala Penal de la Corte Superior de San Martín condena a los once ronderos a la pena de tres años de prisión efectiva y al pago de mil soles por concepto de reparación civil a favor de los agraviados y mil nuevos soles por agravio del Estado.

La Asociación Paz y Esperanza, evangélica, asumió la defensa de los ronderos, con la colaboración de   la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Defensa Legal y la Federación de Rondas Campesinas de San Martín. Estos esfuerzos recibieron el apoyo de los medios de prensa y la sociedad regional.

Finalmente, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en Lima, declaró, el 10 de junio último, la nulidad de la anterior resolución y ordenó la inmediata libertad de los ronderos.

La sentencia del más alto tribunal del país en que el accionar de los ronderos se encuentra previsto en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución Política  del Perú y la Ley de Rondas Campesinas, que les faculta a intervenir y juzgar a personas implicadas en la comisión de delitos en sus respectivas jurisdicciones.

Las rondas campesinas de la región andina, muchas de ellas dirigidas por evangélicos, tuvieron decisiva actuación para detener la actividad subversiva del ultraizquierdista Sendero Luminoso, en las décadas del 80 y 90 del siglo pasado. (388/2004).