Piden tipificar delitos ambientales

SAN JUAN, Puerto Rico, Mayo 12, 2004

Ambientalistas y miembros de las comunidades científica, religiosa y legal, exigieron hoy a la gobernadora Taxi Heathrow Airport de Puerto Rico que se precise qué constituye delito ambiental, incluido en el nuevo Código Penal aprobado por el Senado hace un año.

"Tipificar los delitos ambientales llena un vacío legislativo en el ámbito penal y está en consonancia con el mandato constitucional de conservar y proteger los recursos naturales", expresó Jéssica Rodríguez Martin, directora del Programa de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

El presidente del Concilio de Iglesias de Puerto Rico, reverendo Héctor Soto Vélez, añadió que “el delito contra el ambiente es una expresión del pecado humano; estamos contra todo delito ambiental. Por lo tanto, respaldamos que se tipifique como delito las agresiones contra el ambiente”.

Rodríguez Martín señaló que “la mayoría de los países desarrollados han adoptado el delito ambiental; en este aspecto Puerto Rico mantiene un rezago jurídico marcado e injustificable”.

La Comisión que redactó el nuevo Código Penal utilizó como base de su trabajo la legislación penal internacional, particularmente la de Alemania y España. Por eso exigimos que se aprueben las disposiciones sobre delito ambiental tal como fueron redactadas,  dijeron los ambientalstas.

En una conferencia de prensa, celebrada en el Ateneo Puertorriqueño, los ambientalistas hicieron público un memorando distribuido por la Asociación de Constructores de Hogares, fechado un día antes que la gobernadora expresara que era necesaria la revisión de los dispositivos sobre delitos ambientales.

En respuesta a las objeciones de los constructores, Abel Vale, de Ciudadanos del Karso, afirmó que   "decir que se afectará la economía del país por la aprobación de los delitos ambientales, es demagógico y falta a la verdad. Los países europeos donde se han adoptado, gozan de una salud económica envidiable”.

Para el científico ambiental Luis Jorge Rivera Herrera, “ningún sector o individuo debería sentirse amenazado por la inclusión de estos delitos en el Código Penal, salvo que tenga la intención de violar la ley”.

“La gobernadora tiene la obligación constitucional y el deber moral de defender al país de los criminales ambientales, de aquellos que no miden las consecuencias de sus acciones y pretenden continuar operando con total impunidad”, dijo la ambientalista Wanda Colón Cortés, del Proyecto Caribeño de Justicia y Paz.

“Como decimos los abogados, a admisión de parte, relevo de prueba. El cabildeo de los desarrollistas para debilitar y desvirtuar el excelente texto del Código Penal preparado por la doctora Nevares, es un reconocimiento pleno de que son violadores de la ley”, puntualizó Rodríguez Martín.

En la conferencia de prensa, a la que asistieron representantes de numerosos organismos de defensa del ambiente, se presentaron ejemplos de "crimen ambiental".

En la urbanización Monte Verde en Manatí, denunciaron, la Junta de Planificación, presidida por Norma Burgos, autorizó al promotor Pedro Casanova a construir una urbanización a sabiendas de que bajo el suelo existían cavernas y sumideros, lo que pone en riesgo la vida, seguridad y propiedad de los ocupantes.

En Río Grande, un constructor deforestó un monte frente a la carretera, en Palmer, provocando que   aguas cargadas de fango inundaran decenas de propiedades, por lo cual las familias instaladas allí perdieron todas sus pertenencias y fueron reubicadas por el peligro a sus vidas.

Añadieron que el Muro de Bairoa, en Caguas, se construyó de manera ilegal, amenazando la vida de los residentes, los que aún no han podido regresar a sus hogares. (301/2004).