Marcha por Tegucigalpa cierra consulta sobre delincuencia juvenil

Manuel Quintero, TEGUCIGALPA, Honduras, Febrero 1, 2004

Coreando consignas y cantando himnos en favor de la paz, jóvenes evangélicos de Guatemala, Nicaragua, Taxi Heathrow Airport El Salvador y Honduras marcharon desde el Estadio Nacional hasta el Parque del Obelisco en la capital hondureña, culminando dos emotivas y fecundas jornadas de deliberaciones sobre la problemática de la delincuencia juvenil.

La tranquilidad de la soleada mañana dominical se llenó con la bulliciosa presencia de un centenar de jóvenes centroamericanos, a los que se sumaron jóvenes y adultos de iglesias locales en un peregrinaje de una hora de duración que atrajo la atención de la prensa local- tres canales de televisión cubrieron la marcha- y que concluyó con un concierto de música cristiana que se prolongó hasta el mediodía.

"Esta marcha es una demostración de la voluntad de las iglesias de trabajar a favor de la paz. Queremos una sociedad de paz", dijo la abogada Noemí Espinoza en el acto de clausura, en el Parque del Obelisco.  Espinoza es directora ejecutiva de la Comisión Cristiana de Desarrollo (CCD), el organismo anfitrión de la consulta mesoamericana sobre la delincuencia juvenil que auspició el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI).

Por su parte, el pastor Israel Batista, secretario general del CLAI, dijo que la consulta demostró que las iglesias de la región tienen una vocación común por la vida, y llamó a los jóvenes a ser "hacedores de paz y no constructores de violencia".

En su sermón del acto de clausura, el pastor Eduardo Chinchilla, secretario del CLAI para la región mesoamericana, dijo que "la delincuencia juvenil está organizada y siembra el terror en nuestras calles, pero esos jóvenes son las nuevas generaciones que buscan salidas de violencia porque se encuentran sin paradigmas ni esperanzas".

Por eso, dijo, es necesario que los gobiernos centroamericanos "midan el alcance de las leyes represivas y piensen más en crear caminos viables de desarrollo y brindar esperanzas de superación para la juventud."

El programa de la consulta incluyó sendas conferencias sobre el marco legal de la ley antimaras (pandillas), a cargo del Dr. Edmundo Orellana, ex fiscal general de Honduras, y la cultura de la violencia, que fue presentada por el psicólogo Juan Gilberto Torres, de la organización Casa Alianza.

Hubo asimismo diagnósticos de las realidades nacionales de los cuatro países, enfocados en la problemática de la delincuencia juvenil, preparados por equipos de jóvenes de las iglesias involucradas; y testimonios de jóvenes que estuvieron vinculados en las maras y pandillas y fueron rescatados por experiencias de fe.

En la segunda jornada de la consulta, los participantes trabajaron en grupos para profundizar en el análisis y presentar propuestas de acción a sus iglesias. Dichas propuestas fueron discutidas y aprobadas en sesión plenaria, y serán recogidas en el documento final de la consulta.

Los jóvenes centroamericanos también aprobaron la llamada "Declaración de Monte Carmelo", en la que señalan que el problema de la violencia y delincuencia asociado a las maras y pandillas juveniles "tiene sus raíces en causas y efectos derivados de las guerras, las condiciones de pobreza, la corrupción, la migración y los proyectos neoliberales que han empobrecido más a los pueblos centroamericanos".

Asimismo en la desintegración familiar, y las situaciones de violencia doméstica e incomprensión que viven muchos jóvenes en el seno de sus familias.

En la declaración los jóvenes manifiestan su desacuerdo con la forma en que se están aplicando las llamadas leyes antimaras; leyes que, en su opinión, no representan una solución al problema, sino que provocan más violencia, más zozobra y temor en la población.

"No defendemos la violencia ni la delincuencia, ni estamos de acuerdo con el accionar de algunos jóvenes asociados en maras y pandillas; pero sí consideramos que los métodos utilizados no son los más adecuados, porque no contemplan la prevención del delito ni la rehabilitación de los jóvenes", reza el documento.

La declaración pide a los gobiernos que revisen y readecuen el espíritu y contenido de la ley antimara en función de los convenios internacionales que promueven y protegen los derechos de la niñez, y que inviertan en programas de rehabilitación de jóvenes vinculados con maras y pandillas.

El documento reclama, además, que se revise y evalúe el rol de las policías en la región, y que se otorgue un énfasis especial a la capacitación de esas fuerzas del orden en el conocimiento y respeto de los derechos humanos.

Los jóvenes también piden en su declaración la regulación de los medios de comunicación, en razón de su influencia en la niñez y la juventud y por ser uno de los principales difusores de programas que enaltecen la violencia.

Finalmente, los jóvenes reunidos en Monte Carmelo les piden a las iglesias que revisen su propuesta de trabajo juvenil, ofreciendo mayor apoyo y autonomía a los jóvenes, sujetos y protagonistas por excelencia de esa pastoral, y que coordinen esfuerzos y recursos con los gobiernos locales para el tratamiento de la problemática de la delincuencia juvenil.(054/2004).