Ex fiscal general hondureño: La violencia está en la sociedad
Manuel Quintero, TEGUCIGALPA, Honduras, Enero 31, 2004
La promiscuidad, la humillación, los vejámenes, el maltrato infantil y la agudización de la pobreza Taxi Heathrow Airport son factores que coadyuvan al crecimiento de la delincuencia entre los jóvenes, pero la enfermedad y la violencia están en la sociedad, dijo el Dr. Edmundo Orellana en su intervención en la primera jornada de la consulta centroamericana sobre delincuencia juvenil.
El Dr. Orellana, abogado y catedrático hondureño que ocupó a finales de la pasada década el puesto de fiscal general de Estado, analizó para los más de 130 jóvenes centroamericanos congregados en Monte Carmelo el contexto y el marco legal de la llamada “ley antimaras”, que ha generado polémica en el país por ser violatoria de la Convención de los Derechos del Niño.
Aunque según esa convención, que fue ratificada por el gobierno hondureño, se considera como niño o niña a toda menor de 18 años, la nueva legislación en vigor en este país ha posibilitado que niños de hasta 13 o 14 años sean tratados como delincuentes comunes, exhibidos en la televisión y recluidos en centros penitenciarios para adultos.
A principios del pasado año, dos menores murieron en una masacre de 68 prisioneros en un penal en La Ceiba, en el norte de Honduras, un episodio que conmovió a la opinión pública y demostró la impunidad con que las fuerzas del orden reprimen la delincuencia juvenil.
Casa Alianza, una organización no gubernamental para la defensa de los derechos de los niños, ha revelado más de tres mil casos de asesinatos de menores desde 1998. El gobierno ha intervenido en apenas cien de los casos denunciados, y solo 25 han sido debidamente investigados hasta la fecha.
El distinguido hombre de leyes recordó que los jóvenes han sido protagonistas de revoluciones y han estado involucrados en los más importantes cambios sociales en la historia, y elogió “al joven más grande de todos los tiempos, Jesucristo, a quien el sistema sacrificó porque representaba lo nuevo”.
Dijo que la sociedad moderna asocia la juventud con el crimen y la violencia, y les acusa de estar enfermos por el consumo de la droga. “Y al calificarlos de enfermos y delincuentes solo tienen un destino: la cárcel”, señaló.
“Es falso que los jóvenes sean responsables de todos los males, y para entender mejor las razones de la violencia juvenil es preciso colocarse en la situación de los pobres y marginados que viven en covachas”, afirmó. Alrededor del 64% de la población hondureña vive en condiciones de extrema pobreza.
Orellana explicó que la llamada ley anti maras constituye una aberración jurídica, porque no define qué es una mara y por tanto hace muy difícil, si no imposible para un juez el poder juzgar sobre un delito que no ha sido claramente tipificado.
“A las maras se las considera simplemente como asociaciones delictivas, de manera que cualquier joven que pertenece a una de ellas es calificado sin más ni más como un delincuente”, explicó.
Pero, añadió, es natural que los jóvenes se asocien, que busquen la compañía de otros de su misma edad e intereses, y eso no constituye un delito.
Una opinión compartida por Jeniferd Dilber, joven metodista hondureña que participa en la consulta. “Los mareros no tienen la culpa de todo. Son fruto de hogares donde falta el amor y se vive la marginalidad”, dice.
En razón del vacío jurídico señalado, en Honduras la definición de qué es una mara ha quedado en manos de la policía, que se rige para ello por criterios eminentemente clasistas y prejuicios raciales. A diario las fuerzas policíacas realizan redadas en las poblaciones y sectores más pobres a la búsqueda de aquellos jóvenes que ostenten un tatuaje, a los que se identifica automáticamente como mareros.
El término mara, que se utiliza ampliamente en Centroamérica para designar a las pandillas juveniles que cometen toda suerte de delitos, es una abreviación de la palabra salvadoreña marabunta. La marabunta es una hormiga salvaje que vive en grandes colonias, de temible ferocidad. Fue usado originalmente por jóvenes salvadoreños que emigraron a la ciudad de Los Ángeles y crearon allí su propia pandilla delincuencial.
Se calcula que unos 36.000 jóvenes están vinculados a las diferentes maras organizadas en Honduras, pero el fenómeno se extiende a otros países centroamericanos, con particular virulencia en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. (052/2004).

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