Intolerancia religiosa sigue afectando a Chiapas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, México, Enero 22, 2004

A pesar de que el pasado 6 de noviembre se promulgó en México el reglamento Taxi Heathrow Airport de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la intolerancia religiosa sigue en apogeo en el sureño estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.

Ahora, le tocó el turno a los evangélicos de la comunidad de Chempil, municipio de Huixtán, informó Luis Antonio L. Herrera, gestor de la Alianza Evangélica Ministerial de los Altos de Chiapas y presidente de Radio Unión de Chiapas.

En meses pasados, indicó, los evangélicos de Chempil, ampliaron un cuarto de una de sus viviendas, para celebrar sus reuniones. Obtuvieron apoyo de la iglesia a que pertenecen, el grupo Cristiano Shadai.

A las autoridades del ejido (comunidad campesina) no les pareció bien que lo hicieran y ordenaron que se destruyera la ampliación, aunque ésta se encuentra dentro de la casa de uno de los feligreses. Les dieron 2 meses de plazo para que destruyeran todo o de lo contrario ellos mismos destruirían la ampliación.

Los evangélicos se mantuvieron firmes en su decisión de mantener el lugar de reunión y a fines de octubre les avisaron que el plazo se había cumplido. El 5 de noviembre, el presidente municipal de Huixtán llegó para tratar otros asuntos y los evangélicos quisieron aprovechar la oportunidad para arreglar el problema, pero las autoridades del ejido se negaron a tratarlo con el presidente municipal.

Se acordó tratar el problema el 14 de noviembre. Cuando se presentaron Alonso López Vázquez, Pedro Martínez, Miguel Martínez, Mario Martínez, Reynaldo Martínez y Luciano Vargas, este último de San Cristóbal de Las Casas, las autoridades ejidales los retuvieron, arguyendo problemas con la cooperación a la comunidad. Argumento totalmente falso, ya que lo único en lo que no cooperan los evangélicos es para las fiestas religiosas, agrega Herrera.

El asunto fue denunciado ante las autoridades gubernamentales y los evangélicos fueron liberados después de 20 horas de estar detenidos, pero en medio de intimidaciones y amenazas.

En una asamblea, en la que hubo más de 100 personas en contra de los 6, los obligaron a firmar un acta donde se comprometían a destruir la casa de oración, a restituir los gastos ocasionados por esta detención y a no realizar ninguna denuncia ante las autoridades.

Posteriormente se ha nombrado una comisión del gobierno del estado para atender el problema. Las autoridades del ejido, están intentando convertir el problema en asunto agrario, para quitarle sus tierras a Alonso López Vázquez (propietario del terreno donde se construyó la casa de oración) y expulsarlo de la comunidad.

Los evangélicos han acudido a la Subprocuraduría de Justicia Indígena, que está investigando los hechos.