Los evangélicos firman y participan en jornadas cívicas

Manuel Quintero, CARACAS, Venezuela, Diciembre 13, 2003

En el amplio espectro que existe entre el Chávez que algunos califican de “totalitario” y Taxi Heathrow Airport el Chávez que para otros es  “instrumento de Dios”, se acomodan las apreciaciones y posiciones de los evangélicos venezolanos.  Evangélicos que, como millones de sus compatriotas, participaron en las jornadas cívicas de fines de noviembre para buscar una salida política y constitucional a la grave crisis que vive el país.

            Primero firmaron los partidarios del gobierno, con el objetivo de sacar de sus curules a un grupo de parlamentarios de la oposición; después los que buscan poner fin al mandato del presidente Chávez.

            Aunque las cifras verdaderas de cuántos firmaron de uno y otro bando solo se darán a conocer a mediados de enero, una vez que el Consejo Nacional Electoral haya terminado el proceso de verificación y conteo de las mismas, el llamado “firmazo” abrió un nuevo episodio en la tenaz batalla por el poder en este país sudamericano.

            La recogida de firmas tuvo como telón de fondo la publicación de estudios y estadísticas que muestran el serio deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos y ponen en entredicho la capacidad del gobierno para adelantar sus proyectos de justicia social.

            El informe anual del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), una de las organizaciones no gubernamentales de mayor prestigio en su campo en este país, destacó avances en la educación y la participación ciudadana; pero señaló, a la vez, que el incremento de la pobreza, la violencia y la debilidad de las instituciones estatales son responsables principales del deterioro de la situación de los derechos humanos de los últimos meses.

            Otro informe de la Cámara de la Industria de Alimentos (Cadivea) afirmó que el consumo de alimentos cayó en un 14 por ciento en el año como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos, siendo los niños y las familias pobres los grupos sociales más afectados.

            Los cálculos preliminares indican que el Producto Interno Bruto (PIB) habría caído un 11.7 por ciento y que el índice inflacionario, del orden del 24.8%, sería uno de los más altos en América Latina en el 2003.

            Con un alto número de desempleados y subempleados, la ausencia de inversiones de capital, la aguda espiral inflacionaria y una creciente oposición, el gobierno de Hugo Chávez culmina su quinto año en el poder.

La vía constitucional

            Después de los fallidos golpes contra el gobierno en el 2002, primero el militar en abril y luego el económico en diciembre, la oposición optó por la vía constitucional para hacer realidad el sueño de millones: sacar a Chávez del poder.

            Para ello los líderes de la Coordinadora Democrática, que agrupa a los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil que militan en la oposición, echaron mano al llamado referendo revocatorio, un recurso que posibilita, mediante el sufragio electoral, que los diputados y el presidente puedan ser despojados de sus cargos al cumplirse la mitad de sus mandatos.

El referendo revocatorio es un mecanismo constitucional inédito en la historia política de América Latina; solo existe en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y refleja la voluntad democrática con que fue concebida y redactada.

Según la Constitución vigente, transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor de veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción puede solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.

Cuando igual o mayor número de lectores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores o electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores o electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la vacante.

Para la primera aplicación de este mecanismo, el gobierno y la oposición llegaron al acuerdo, sancionado por el Tribunal Supremo Electoral, de que en caso de activarse los referendos revocatorios, éste lo ganaría la opción que tenga el mayor número de votantes y no el número necesario para revocar al mandatario que se haya sometido a la consulta. 

Para el caso particular del presidente, ese acuerdo significa que si una mayoría de los votantes se manifiesta en contra de la revocación, Hugo Chávez quedaría relegitimado en la presidencia, aunque la oposición supere el umbral de los 3 millones 700 mil votos que obtuvo cuando fue elegido a la primera magistratura en 1998.

            Si la oposición logró, como anunciaron sus voceros, las firmas necesarias para activar el referendo revocatorio, tanto ella como el chavismo enfrentarán en los próximos meses un obstáculo muy serio: el alto abstencionismo electoral en la historia del país. En los comisiones presidenciales del año 2.000, según cifras del Consejo Nacional Electoral, la abstención casi alcanzó el 44 por ciento; y en 16 estados del total de 24 que constituyen la República Bolivariana de Venezuela, donde radica el 80% de la población electoral, la abstención estuvo por encima del 40%.

Agentes de reconciliación

            Las iglesias evangélicas, como el conjunto de la sociedad venezolana, han sufrido una seria polarización en razón de la simpatía u oposición de sus miembros frente al gobierno de Chávez y su Revolución Bolivariana. 

Esa simpatía u oposición parece reflejar, en términos generales, el origen de clases de los fieles. Así, mientras las iglesias de clase media en las grandes ciudades hacen suyo el discurso contestatario, las pentecostales, que reclutan sus miembros en las barriadas marginales y las áreas rurales, no ocultan su simpatía con el chavismo.

Lo que no significa que en iglesias “históricas” como la Presbiteriana o la Anglicana no haya también partidarios del gobierno, o que no haya pentecostales opuestos a la Revolución Bolivariana.

Así, un líder presbiteriano, que votó a favor de la revocación del mandato presidencial, reclama que el ideal de justicia social no le pertenece a Chávez y cuestiona que en el país esté ocurriendo una revolución. A lo que una líder de la misma iglesia responde que ninguno de los partidos políticos tradicionales, ni los de más reciente formación, pueden encaminar un proyecto para los pobres en el país.

Un pastor luterano, que también milita en la oposición, critica que el chavismo haya causado la mayor y más profunda división jamás vivida en la sociedad venezolana. En cambio, un pastor pentecostal cree que el presidente Chávez “es parte de un proyecto de Dios” para Venezuela y el conjunto de América Latina.

Algunos pastores prefieren conjurar la polarización en el seno de sus congregaciones mediante un llamado a sus fieles para que eviten el debate político en el templo.  Otros, por el contrario, hacen del púlpito un instrumento para la predicación de discursos de uno y otro signo.

Unos y otros están conscientes, no obstante, de que la confrontación los involucra a todos, y que las iglesias están llamadas a desempeñar un papel significativo como mediadoras y reconciliadoras en los meses venideros.

“La confrontación va a seguir porque vivimos un enfrentamiento de ideas, actitudes y paradigmas. Pero lo que no podemos aceptar es que nos lleve al terreno de la violencia”, dice una pastora pentecostal en Maracaibo.

Un pensamiento del cual se hace eco un historiador vinculado al pentecostalismo:  “Aunque no existe la neutralidad, servimos a una iglesia que no debe ser espacio para el conflicto, sino para el diálogo y el encuentro... un espacio donde Cristo no debe ser disminuido por nuestro fanatismo político de uno y otro lado”. (fin/mqp/1,268 palabras)