Evangélicos rechazan proyecto de despenalización del aborto

MONTEVIDEO, Uruguay, Octubre 29, 2003

 En una reunión con la Comisión de Salud Pública del Senado, la Comisión de Representatividad Taxi Heathrow Airport Evangélica del Uruguay (CREU), integrada por pastores y representantes de las principales iglesias e instituciones evangélicas, expresó su rechazo al proyecto de despenalización del aborto actualmente en discusión.

En su lugar, los representantes evangélicos solicitaron la implementación de un plan de medidas alternativas, para una formación y vivencia responsable de la sexualidad.

La posición de la CREU se fundamenta en la defensa del derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción, en base a la única regla infalible reconocida por los evangélicos, la Santa Biblia, y de conformidad con lo establecido en la Constitución de Uruguay, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y demás normas internacionales ratificadas por el país.

La CREU efectuó una valoración crítica del proyecto, con base en dictámenes de calificados juristas consultados por la comisión, que aunque favorables a la despenalización del aborto cuestionaron el artículo 4º de la iniciativa que consagra el derecho de la mujer a abortar por su sola voluntad.

Argumentaron que tal alternativa no puede admitirse, porque desde que aparece la vida humana en su seno “la mujer no tiene el derecho de extinguirla arbitrariamente”.

El proyecto también atenta contra la paternidad responsable, cuyo valor social dice consagrar la ley, pero luego priva de toda consulta al padre al decidir la interrupción del embarazo.

Se formularon igualmente críticas al desconocimiento de la objeción de conciencia, pues se impone a los médicos y a las instituciones privadas de salud la obligatoriedad de practicar los abortos, aunque se contraríe sus principios fundacionales o sus médicos legítimamente se nieguen a practicarlos.

De 33.000 abortos que se practican anualmente en el país, según un estudio realizado recientemente y que obra en conocimiento de la Comisión de Salud, 27.000 son practicados por mujeres de clase media y alta, anotó la CREU.

Además, señaló, más del 80 por ciento de tales abortos son producto de un ámbito propagandístico, consecuencia de un lucrativo negocio de mercantilización de la medicina. ¿Merecen tales mercaderes impunidad y que se les legalice el negocio? pregunta.

Las mujeres pobres de este país, anotaron, en su gran mayoría tienen sus hijos y si algunas abortan cuentan con la atenuante y aún eximente pena de la “angustia económica”, prevista en el Código Penal.

En este aspecto se solicitó que el Ministerio del Interior informe sobre la represión del delito de aborto y que se considere darle rango legal a la denuncia anónima de las clínicas clandestinas y de los delincuentes del entramado de complicidad que lo conforman.

La CREU finalmente pidió una reflexión madura a la comisión senatorial y la instrumentación de un plan que tome en cuenta no sólo el aspecto físico - biológico sino las emociones, los valores, la cultura y el entorno familiar y social de la mujer en las distintas etapas de la vida.

Dicho plan, sugirió la CREU, debe incluir políticas tendentes a desestimular el aborto como forma de regular la fecundidad y proporcionar información a nivel masivo para una formación y vivencia responsable de la sexualidad.

Además debe propiciar campañas de prevención y educación revalorizando la vida desde la etapa embrionaria hasta la vejez, respaldar la adopción y mejorar la legislación adecuándola a la realidad presente. Para ello, el organismo evangélico, ofreció su total respaldo en la formación de equipos multidisciplinarios que actúen en el ámbito de la educación y la salud.