Luteranos piden restablecer la paz social

Manuel Quintero, LA PAZ, Bolivia, Octubre 10, 2003

En momentos en que se cierra el cerco sobre La Paz y la prolongada crisis Taxi Heathrow Airport parece colocar a Bolivia al borde de una quiebra institucional, la Iglesia Evangélica Luterana (IELB) emitió una declaración a los gobernantes y a la población en general, en la que pide el restablecimiento de la paz social.

El pronunciamiento luterano tiene como escenario el virtual cerco de la capital por el bloqueo de los principales accesos y las protestas de distintos grupos sociales, que en esta fecha llegaban a su tercera semana consecutiva.

Según distintas fuentes, en la mañana del miércoles 8 miles de campesinos y estudiantes, armados con piedras y dinamita, cortaron la carretera que conecta a La Paz con los departamentos de Oruro, Potosí y Cochabamba. 

Con el bloque de otras dos rutas principales que comunican a la capital con los Yungas y el altiplano norte, quedaba virtualmente impedida la entrada o salida por tierra de la capital. En horas de la tarde se libraba un duro enfrentamiento en la ciudad de El Alto entre efectivos militares y la población civil, que habrían dejado un saldo de varios heridos y decenas de personas detenidas.

En El Alto, se inició en esta fecha una huelga indefinida convocada por la Central Obrera Regional (COR) y la Federación de Juntas de Vecinos.

La declaración luterana, firmada por el reverendo  Humberto Ramos y el presbítero Juan Manuel Callari, presidente y secretario respectivamente de esa iglesia, lamenta la pérdida de vidas humanas en los enfrentamientos del último mes y el clima de incertidumbre generalizada que se vive en el país.

El pasado 20 de septiembre, un choque entre las fuerzas del orden y campesinos en la localidad de Warisata, en el Altiplano, dejó un saldo de siete muertos: cinco comunitarios (entre ellos una niña de ocho años) y dos soldados.

En su declaración los líderes luteranos piden a los gobernantes escuchar la voz del pueblo y tomar decisiones sabias, recordándoles que "Dios les ha dado el privilegio de dirigir esta nación y sin duda también les demandará o premiará por ello".

A los dirigentes de las organizaciones sociales y partidos políticos también se les exige sabiduría "para la construcción de una Bolivia con justicia, de paz, de solidaridad y sin violencia", y para encauzar el diálogo con los gobernantes.

A unos y otros se les exhorta a deponer actitudes intransigentes e intereses partidistas, y a buscar un diálogo franco y abierto que permita concertar políticas que respondan a las necesidades del pueblo. Sin embargo, parece difícil que esta declaración pueda tener un eco significativo en una atmósfera de extrema polarización social y política.

A la intensa movilización en torno y dentro de la capital, se estarían sumando bloqueos en sectores de los Yungas y el Altiplano, y en Cochabamba, la región de clima tropical del país. La escalada en los enfrentamientos ya desató rumores de una posible declaración del "estado de sitio", que se haría efectiva en los próximos días.

Si los planteamientos iniciales de las organizaciones sociales y los partidos de oposición se concentraban en el rechazo a la exportación de gas natural a través de Chile -según encuestas el 95% de la población es contrario a la medida- en los últimos días se sumó la demanda de la renuncia del presidente Sánchez de Lozada.

También algunos dirigentes indígenas comenzaron a hablar de la creación de una república autónoma o "república del Kollasuyo", para referirse a la organización política y social de las comunidades aimaras que vivían a orillas del Lago Titicaca, y extendían su influencia hasta las costas del Océano Pacífico.

"Si el gobierno no puede mejorar nuestra situación y no cumple los convenios que firmamos, vamos a separarnos, vamos a proclamar la república del Kollasuyo", declaró Felipe Quispe, líder de los campesinos aimaras del altiplano.

Durante el primer gobierno de Sánchez Lozada (1993-1997) se implantó un modelo neoliberal que decretó la privatización de varios sectores estratégicos de la economía (telefónico, eléctrico, ferrocarriles y el petróleo). El modelo significó también importantes recortes en los programas para combatir la pobreza y el producto interno bruto creció apenas el 2.5% en 2000 y no creció en el 2001, agravando la situación de la mayoría de la población, el 70% de la cual vive por debajo de la línea de pobreza.