Papel de las iglesias ante la violencia resalta la Comisión de la Verdad

Hugo Lévano, LIMA, Perú, Agosto 29, 2003

En el informe final sobre la violencia y las violaciones de los derechos humanos que Taxi Heathrow Airport vivió Perú entre 1980 y el año 2000 y que entregó ayer al presidente Alejandro Toledo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), dedicó un espacio al papel de los iglesias en ese período.

El extenso documento, dice en esa parte que "la CVR, a través de numerosos testimonios recogidos, audiencias y estudios realizados, ha constatado el papel de las iglesias Católica y evangélicas durante el proceso de la violencia, como actores que contribuyeron a proteger a la población de crímenes y violaciones de derechos humanos".

En un acápite reconoce especialmente el papel desempeñado en ese sentido por las iglesias evangélicas, tanto por algunos de sus pastores como por sus dirigentes nacionales.

"La CVR ha concluido que las iglesias evangélicas cumplieron también un valioso papel de protección de los derechos humanos, principalmente a partir de sus instancias de coordinación nacional. Reconoce, asimismo, el valor de los pastores que cumplieron esa labor de defensa de la vida y denuncia de la violencia con peligro para ellos", dice.

Esos pastores, precisa, cumplieron su papel en zonas periféricas de las grandes ciudades y en zonas rurales muy apartadas.

La Comisión reconoce igualmente "que un número significativo de campesinos evangélicos participaron en comités de autodefensa que enfrentaron a la subversión". Esto alude a la participación de los campesinos evangélicos, dirigidos por sus pastores, en las rondas de autodefensa que tuvieron papel importante en el combate con los grupos armados subversivos, según reconocen los especialistas.

"La CVR rinde homenaje a sacerdotes, religiosos y religiosas, fieles católicos y evangélicos que pagaron con su vida su labor pastoral durante el conflicto armado interno", afirma el documento.

"Institucionalmente, la Iglesia Católica condenó desde temprano la violencia de los grupos alzados en armas e igualmente las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado. Estas posturas se concretaron en actividades de defensa de los derechos humanos y denuncias de las violaciones", que  se realizaron a través de organizaciones como la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y otras, precisa.

"La CVR ha llegado a la conclusión de que muchas vidas fueron salvadas y muchos otros atropellos fueron impedidos gracias al concurso de estas organizaciones cuyo papel fue demandado y reconocido ampliamente por la población, así como de religiosos y laicos individuales, más allá de orientaciones teológicas o pastorales", precisa el Informe Final.

En departamentos como Puno, Cajamarca, Ancash, Ucayali o Amazonas, indica el informe, "el papel de sacerdotes, laicos y catequistas contribuyó a fortalecer el tejido social y construir una barrera" que debilitó el avance de Sendero Luminoso y el desborde de la denominada “guerra sucia”, indica.

"La CVR rinde homenaje a los cristianos que defendieron la vida durante el tiempo de la violencia política y repudia el asesinato de sacerdotes y religiosas en cumplimientos de su misión, sobre todo entre los sectores más desfavorecidos del campo y la ciudad", declara.

La Comisión advierte, sin embargo, "que la defensa de los derechos humanos no fue firme en el arzobispado de Ayacucho durante la mayor parte del conflicto armado. Durante buena parte del conflicto dicho arzobispado puso obstáculos a la labor de organizaciones de la Iglesia vinculadas al tema, a la vez que negaba violaciones de los derechos humanos".

El arzobispado de Ayacucho, en la región andina central y foco de la subversión de Sendero Luminoso, fue desempeñado en ese tiempo por el ahora cardenal y arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani.

Asimismo, la CVR "deplora que algunas autoridades eclesiásticas de Ayacucho, Huancavelica y Abancay no hayan cumplido con su compromiso pastoral".