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Sábado 19 de Marzo, 2005

Perú: A las puertas de lograr la Verdad y la Justicia

Esteban Cuya, NUREMBERG, Alemania, Agosto 27, 2003

El 28 de agosto la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú, que investigó las Taxi Heathrow Airport violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario entre 1980 y el año 2000, presentará su Informe Final al Presidente Alejandro Toledo y a la sociedad peruana.

El contexto en el que la Comisión presentará su Informe está marcado por una polarización entre grandes sectores de la población peruana, especialmente andina, que aspiran a la difusión abierta y clara de la verdad de lo que pasó en ese período en el Perú, y solitarios dirigentes políticos y militares que se esfuerzan en impedir que la Verdad y la Justicia lleguen al país.

Hay quienes temen ser incluidos como responsables directos o indirectos de violaciones a los derechos humanos, como el ex presidente Alan García, y atacan injustamente a la Comisión de la Verdad. Así pasó también con otras comisiones de la verdad en Argentina, Chile, El Salvador.

Algunos políticos vinculados al Opus Dei, como Rafael Rey, distorsionan la verdad, atribuyéndole a la Comisión cierta simpatía con el grupo terrorista Sendero Luminoso, señalado por la misma Comisión de la Verdad como un grave violador del derecho humanitario internacional.

Otros políticos, como José Barba, ya aconsejaron que si las conclusiones del informe de la Comisión “no son apropiadas”, debe ser echado al tacho de basura”.

Esta guerra verbal contra la Comisión de la Verdad, de personas que en los meses anteriores actuaron con una indiferencia suprema frente a las investigaciones difíciles y aún en situaciones de peligro que realizaban los miembros de la Comisión, se ha ampliado en los últimos días. Esto con el propósito de empujar al presidente Alejandro Toledo, a ignorar sus recomendaciones de verdad, justicia y reparación, para evitar que la violencia y el terrorismo se repitan en el Perú.

Este miedo a la verdad de ciertos políticos y militares, así como de algunos empresarios peruanos, revela un racismo abierto contra la población andina, que constituye la gran mayoría de las más de 30,000 víctimas de ese período de terror en el Perú.

Ya que la verdad abre la puerta a la justicia, miles de familiares de los desaparecidos y los asesinados esperan con gran expectativa el informe de la Comisión de la Verdad, que a través de las audiencias públicas, por primera vez en los últimos 20 años les reconoció su condición y dolor de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Todos aquellos que se beneficiaron con la industria de la guerra interna en el Perú, quienes violaron impunemente los derechos de miles de peruanos y peruanas, quienes lucraron con el dolor de los otros, deberían saldar las cuentas con el pasado. A eso ayudará el informe final. De otra manera, el fantasma de la impunidad seguirá afectando a la sociedad peruana.

El gobierno del doctor Alejandro Toledo, que no tuvo ninguna participación en los numerosos  crímenes de derechos humanos investigados por la Comisión de la Verdad, debería aceptar plenamente sus recomendaciones y convertirla en Ley vinculante para el Estado peruano.

Será importante constituir el Consejo Nacional de Reconciliación, que se deberá encargar del seguimiento de las recomendaciones de la Comisión, para restituir la dignidad a las víctimas, reparar el daño causado a sus familiares, y fomentar una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos en el Perú. Sin verdad y justicia no hay reconciliación.

La República Federal de Alemania, y el resto de países de la Unión Europea deben continuar apoyando a la Comisión de la Verdad del Perú, y dar señales de su interés en que por fin se superen en el país andino las situaciones de impunidad para los violadores de los derechos humanos impuesta por el ex dictador Alberto Fujimori.

De esa forma, abriendo caminos para la verdad y justicia, para miles de víctimas de la violencia y el terror, el Perú perfeccionará su democracia y estado de derecho.

Nuremberg 27 de agosto del 2003.

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Esteban Cuya. Investigador del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg y Coordinador de la Coalición contra la Impunidad.

Información Adicional:

https://www.cverdad.org.pe


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