Iglesia Metodista reclama a militares la verdad sobre los desaparecidos

MONTEVIDEO, Uruguay, Julio 2, 2003

La Iglesia Metodista de Uruguay, que el pasado 19 de junio celebró 125 años de Taxi Heathrow Airport presencia en el país, reclamó a los militares que digan la verdad sobre los detenidos  desaparecidos durante la dictadura, en especial sobre el lugar donde están enterrados.

El presidente de la Iglesia Metodista, Oscar Bolioli, señaló que los militares saben dónde llorar a sus muertos, pero los familiares de los desaparecidos no. Agregó que 30 años después del golpe de Estado el Ejército se niega a decir la verdad, porque algunos de sus integrantes mantienen un mesianismo  autoritario, que los hace sentirse por encima de la ley.

Mientras los familiares de los militares fallecidos saben dónde llorar a sus familiares, los familiares de los desaparecidos no lo saben, dijo. Esa es una gran diferencia y una deuda que tiene que ser salvada por nuestra sociedad. "Somos un país civilizado. A esta altura, después de 30 años, es hora de que se cierre esta herida, planteando la verdad", precisó Bolioli.

El líder metodista sostuvo que los familiares tienen el derecho de saber dónde están enterrados los restos de los desaparecidos y saber en qué circunstancias murieron. Entiendo que en los primeros tiempos fuese una cosa muy dura, porque se estaba en tiempos de amnistía y de reconciliación.

Pero ya es tiempo, de superar esa instancia, y que se diga realmente lo que sucedió", indicó.

Consultado por el diario La República sobre los motivos por los cuales todavía no aparece esta realidad, el religioso indicó que "al igual que, cuando en el golpe de Estado, hubo un mesianismo de autoridad, algunas personas creen que todavía existe ese mesianismo que está por encima de la ley, y que por lo tanto no tienen ninguna obligación para decir lo que pasó".

Advirtió que debe de ser una situación muy difícil y tensa, porque involucra algunos de los sectores del poder político. No obstante, aclaró, debería buscarse la manera de alcanzar una revisión del tema, porque tarde o temprano se sabrá lo que pasó.

El diario anotó que según Bolioli las sociedades de Chile y Argentina mayormente superaron el trauma de los desaparecidos, "con una situación muchísimo más grave -en cuanto al número de afectados-, por lo tanto, el caso uruguayo es simple de solución".

No quiere decir que el tema en Argentina esté totalmente resuelto, puntualizó, pero por lo menos el general Martín Balza reconoció que el Ejército cometió un error, y a partir de allí se empezó a desgranar la situación.

Bolioli reconoció la iniciativa emprendida por el presidente Jorge Batlle, quien fue el único mandatario, desde la vuelta a la legalidad,  "de tener el coraje de plantear abiertamente el tema e instalar una Comisión que reconoció la responsabilidad del Estado en la desaparición de uruguayos".

Recordó que, como representante de la Iglesia Metodista, sostuvo una entrevista con Batlle cuando era candidato a la presidencia y se discutió el tema de los desaparecidos. En esa ocasión, dijo, manifestó la necesidad de llegar a la verdad por razones humanas. "No se debe de cercenar al enemigo de sus mínimos derechos, no es honorable", enfatizó.

Hace 30 años, cuando se produjo el golpe de Estado, Bolioli se encontraba en Montevideo. A los 38 años de edad, este hecho le produjo un sentimiento de no saber qué decir ese 27 de junio frente al púlpito. Las restricciones y persecuciones llevaron a los religiosos a tener que dar mensajes entre líneas. A adaptarse a las circunstancias, sin claudicar en las convicciones, indicó.

Los metodistas debían pedir autorización para realizar sus asambleas, y estaba prohibida la postulación a la dirigencia de la institución para algunos de sus integrantes, como el propio Bolioli. Sin embargo, en una asamblea, en plena dictadura, los metodistas resolvieron iniciar la defensa de los derechos de los familiares de presos políticos, aunque eso podía implicar cuatro años de prisión, por  "asociación para delinquir".

En 1978, indicó, el parlamento sueco aprobó la entrega de 3 toneladas de ropa y víveres para los familiares de los presos políticos, y la Iglesia Metodista fue la que recibió y distribuyó el cargamento, pese a que corrieron el riesgo de ser encarcelados.