Obispos establecen procedimiento para tratar abusos sexuales de sacerdotes

SANTIAGO, Chile, Mayo 15, 2003

Los obispos católicos chilenos aprobaron los procedimientos que se seguirán para tratar las acusaciones de Taxi Heathrow Airport abuso sexual contra menores por parte de sacerdotes.

El asunto estaba pendiente desde la 84a. Asamblea Episcopal, efectuada en noviembre pasado, cuando los obispos decidieron consultar con un grupo de laicos expertos en derecho civil, penal y canónico antes de adoptar una decisión sobre los casos de los sacerdotes acusados de pedofilia.

Con ese objeto acordaron crear en cada diócesis un "promotor de justicia", que se convierte en personaje clave para recibir cualquier denuncia que se formule en su jurisdicción.

Ese promotor "asumirá la misión específica en esta materia de escuchar, acoger y discernir las eventuales denuncias que se formulen y presentar después al obispo un informe fundado para adoptar las medidas que correspondan", dice la declaración de los obispos.

El vocero del Episcopado, Enrique Palet, explicó que el promotor de justicia "es un cargo que contempla el Derecho Canónico y que debería existir en todas las diócesis del país.... si hay alguna que no tenga un promotor de justicia, será designado".

Según el acuerdo de los prelados tal puesto debe ser ocupado por un sacerdote canónigo, "de probada honorabilidad, prudencia, apertura y comprensión para llevar a cabo este tipo de procesos".

Por otra parte, los obispos acordaron que "el mero traslado de lugar no debe ser considerado como una medida preventiva o medicinal suficiente".

Hasta ahora los traslados de diócesis fueron usados por la Iglesia Católica para alejar al sacerdote del lugar donde era acusado y, en ciertos casos, tratar de rehabilitarlo de sus inclinaciones.

Así, el obispo Francisco José Cox vive hoy en un monasterio suizo y el sacerdote Víctor Hugo Carrera, sobre quien pesa una orden de extradición emanada de la Corte Suprema, está en Italia.

Los obispos chilenos adoptaron así los procedimientos acordados por sus homólogos de Estados Unidos, tras el escándalo en la diócesis de Boston el 2002, donde el obispo fue cuestionado por trasladar de parroquia en parroquia a un sacerdote pedófilo.

Sin embargo los obispos chilenos no siguieron el modelo de la jerarquía norteamericana en lo que respecta a la remoción de los sacerdotes acusados mientras dura la investigación y el enjuiciamiento de casos cometidos hace mucho tiempo.

Los obispos chilenos reconocieron que las víctimas tienen derecho a hacer sus denuncias ante la autoridad civil y no solamente ante el promotor de justicia de la Iglesia. "No corresponde presionar moralmente a las víctimas para que se abstengan de denunciar, si esa es su voluntad", dicen.

Agregaron que "nada exime a un clérigo o a un religioso de responder por sus actos ante la justicia civil" y que los miembros de la Iglesia "no pueden negarse a colaborar con ella cuando sean requeridos".

Las denuncias que reciba el promotor estarán protegidas por el secreto, "para salvaguardar el buen nombre de las personas, proteger a las víctimas y facilitar la entrega de todas las informaciones".

El promotor de justicia, precisa el acuerdo, recibirá las denuncias "escritas, firmadas y ratificadas con juramento ante Dios, en presencia de un notario eclesiástico".

Las acusaciones podrán canalizarse también a través de párrocos, decanos y vicarios episcopales, "quienes las harán llegar a la autoridad competente, sin emitir ellos un juicio ni realizar averiguaciones para comprobar su veracidad".

Si las acusaciones son estimadas verosímiles, el veredicto del obispo y las actas de investigación serán enviadas al Tribunal Apostólico de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano, que dictará las instrucciones del caso para iniciar un juicio canónico, asegurando "al acusado el ejercicio de la legítima defensa" y el debido proceso.

El sacerdote enjuiciado puede ser castigado hasta con la exclusión del estado clerical, como sucedió en el caso de José Andrés Aguirre, el cura "Tato", procesado por nueve denuncias de abuso sexual.

Una funcionaria del estado, Marcela Abarca, sicóloga del Servicio Nacional de Menores (Sename) señaló que la decisión de la Iglesia es aceptable, pero acotó que finalmente "quien tiene la última palabra son los tribunales".