Iguales ante Dios, iguales ante la ley e iguales ante el Estado

Rafael Goto, LIMA, Perú

En las dos últimas semanas el debate religioso en el Perú volvió a ocupar un Taxi Heathrow Airport lugar prominente en los medios de información masivos – en la prensa, la televisión y la radio. Este hecho tuvo como telón de fondo el debate en el Congreso del Art. 71 de la reforma constitucional que sustituiría al Art. 50 de la Constitución del año 93.

Al menos en este debate se han decantado dos posiciones máximas: Por un lado la caracterización del Estado, como un estado secular – laico – sostenida y defendida por congresistas como Javier Diez Canseco, José Barba Caballero, entre otros, que hasta donde es sabido no confiesan ninguna religión particular;

U por otro lado, la exclusión de la mención a la Iglesia católica en el texto del artículo 71. Esta ha sido la postura de un sector de iglesias evangélicas y otros grupos religiosos.

También ha habido una tercera posición sostenida por la comisión de Reforma Constitucional del Congreso, presidida por el Dr. Henry Pease, la propia Iglesia católica y el Comité Interconfesional.

Para los primeros, coincidiendo con las perspectivas de la Iglesia Católica, el texto de la Constitución no debería mezquinar el reconocimiento directo a la Iglesia católica “como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú”.

En el Comité Interconfesional, sin embargo, se han presentado posiciones diferenciadas entre sus miembros que van desde afirmar que el “Estado no es confesional” – punto de vista expresado por el Concilio Nacional Evangélico del Perú – hasta la eliminación de toda referencia a alguna iglesia en particular.

Finalmente, el día 13 de marzo, con el voto en mayoría de los congresistas presentes en el pleno de Congreso, y la presencia de los representantes de los miembros del Comité Interconfesional en los palcos de invitados, el Congreso aprobó un texto de consenso.

Este fue logrado en una discusión sostenida entre los miembros del Comité Interconfesional, el presidente de la Comisión de Constitución, Dr. Henry Pease y el congresista Jorge del Castillo, del partido aprista.

El texto aprobado finalmente dice: “Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración. El Estado reconoce y respeta a todas las confesiones religiosas y establece acuerdos de colaboración con ellas, a través de sus órganos representativos, con criterio de equidad”.

Es evidente que para llegar a este texto se ha tenido que hacer un proceso de diálogo y discusión nada fácil, donde no se ha podido omitir la confrontación.

Sin embargo, este texto sin ser el mejor resultado, expresa dos hechos muy importantes. Por un lado la disposición a tratar el tema de la relación del Estado y las confesiones religiosas en el Perú, reconociendo la pluralidad confesional, y la pérdida del hegemonismo de una confesión mayoritaria.

Y por otro lado la visibilización de las confesiones cristianas no católicas, especialmente evangélicas y protestantes, como sujetos opinantes y de incidencia pública.

A diferencia de este año, en la discusión de las constituciones de 1979, y la de 1993, las iglesias no católicas ni siquiera fueron consultadas. Hoy fue necesario que éstas se sentaran a discutir un consenso, que además pone de manifiesto la madurez del liderazgo evangélico que coloca el centro de interés no en el beneficio particular sino en una perspectiva nacional.

Seguramente el proceso realizado y el texto resultante del mismo no es el mejor, y tampoco satisfacerá a todos. Pero no cabe duda que sería mezquino no reconocer la perspectiva de estar colocando un nuevo parámetro jurídico para la relación del Estado con todas las confesiones religiosas habidas y por haber en el Perú.

Un aspecto que no debería pasarse por alto es que el Art. 71 aprobado, no tiene que ver con la esencia de la libertad y la igualdad religiosa; derechos inalienables que están consagrados en los artículo 2, inc. 2 y 3 de la constitución vigente, y reafirmados en la reforma actual.

Fundamentalmente, el artículo en mención está referido a la relación del Estado con las confesiones religiosas. En este sentido se des-monopoliza la relación del Estado con una iglesia, lo que va de acuerdo con las aspiraciones de democratizar la sociedad y el Estado.

Un segundo aspecto que nos mueve a reflexión es que este artículo aprobado condiciona la colaboración del Estado con las confesiones a acuerdos que deberán establecerse con sus órganos representativos. 

Desde una perspectiva institucional este elemento es crucial para provocar el espíritu del consenso, del acuerdo, entre las propias iglesias y organizaciones religiosas.

A partir de este hecho jurídico lo que corresponde es aunar esfuerzos y construir relaciones – que en el caso de las iglesias evangélicas – ayuden a superar la dispersión, la fragmentación, para coordinar una representación coordinada.

Podemos afirmar pues que, las confesiones no católicas, han logrado no sólo igualdad ante Dios, igualdad ante la ley, sino que ahora les corresponde el derecho al reconocimiento de sus instituciones para que tengan igualdad de oportunidad ante el Estado.

-------------

Rafael Goto Silva, Pastor y Periodista